Unas 25 mil familias salteñas viven colgadas de la luz y en riesgo

La muerte de una bebé de un año y tres meses por una descarga eléctrica dentro de una vivienda en condiciones de extrema pobreza en el barrio Palermo de Salta volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan miles de familias con conexiones eléctricas precarias. Se estima que más de 25 mil hogares salteños se encuentran en condiciones similares y la problemática es de larga data. 
 

El 3 de febrero de 2022, una niña de 10 años murió en el barrio Mirador al tocar un alambrado electrificado. El 18 de febrero de 2022, un niño de 8 años falleció en Castañares tras introducir la mano en un gabinete eléctrico sin protección. Entre los mayores, un joven de 19 años murió en Rosario de Lerma en marzo de 2024 al recibir una descarga mientras conectaba un celular, y en febrero de 2025, un trabajador de la construcción falleció y otros dos resultaron heridos en una obra del barrio Ampliación 14 de Mayo al tocar un cable de media tensión en condiciones irregulares.

El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, Carlos Saravia, explicó que: "venimos trabajando con el Ente regulador, el Ministerio de Desarrollo Social, desde hace bastante tiempo con la regularización de servicios. Aproximadamente son 25 mil familias las que nosotros interpretamos que están colgadas del servicio de energía eléctrica por acceso clandestino o hasta violento", indicó.

Saravia remarcó que la expansión urbana desorganizada sobre tierras públicas o privadas genera un estado de peligro.

"En este caso se ve una situación de fragilidad extrema. Siete personas viviendo sin infraestructura mínima, sino con plásticos y maderas, obviamente habla ya de lo que es una exclusión social que tiene que ser trabajada por las autoridades de Desarrollo Social de todos los estamentos públicos: nacional, provincial y municipal".

Destacó la importancia de la educación. "Hay que trabajar sobre educación, eso lo venimos haciendo, instruyendo a las empresas sobre lo que es la necesidad de que la gente tome conciencia sobre el adicional de riesgo que implica colgarse", sostuvo.

Y añadió: "Por ejemplo, en este caso, aparentemente esta familia se había colgado de un suministro que estaba suspendido y ese acceso es muy difícil de prevenir en relación a tantos casos que se reproducen por una situación social que impide a las personas no solo tener una casa, sino también acceder a servicios esenciales".

Hizo hincapié en que "hay que proseguir con el trabajo buscando la regularización, es decir, conexiones más seguras también".

Y aclaró también que el costo aproximado para regularizar cada familia que está asentada irregularmente es de aproximadamente un millón de pesos por cada una.

El jefe del Departamento Bomberos de la Policía de Salta, Mario Sacarías, recordó que: "está prohibida totalmente una conexión clandestina y destacó que las instalaciones legales deben ser realizadas por un electricista matriculado y contar con protecciones como: llaves termomagnéticas, disyuntor diferencial, puesta a tierra, cableado embutido en sus totalidad". Explicó que estos sistemas cortan la corriente ante fallas o contacto directo, evitando descargas mortales. También advirtió el peligro de la sobrecarga de tomacorrientes, multitomas o las conocidas "zapatillas", que puede causar incendios o cortocircuitos por lo que hay que guardar cuidado.