Causa Cuadernos: la Corte Suprema habilitó el juicio oral y rechazó los recursos de Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia desestimó más de veinte recursos presentados por defensas de exfuncionarios y empresarios, avaló el avance del expediente por presunta asociación ilícita en la obra pública y revirtió el sobreseimiento de Daniel Muñoz en una causa conexa por lavado de dinero. De este modo, el juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados seguirá adelante desde el próximo 6 de noviembre.

A pocos días del inicio del debate oral, el máximo tribunal ratificó la validez de las actuaciones judiciales en el caso conocido como “Los cuadernos de las coimas”, al rechazar los planteos impulsados por la expresidenta, el exministro de Planificación Julio De Vido, y un grupo de empresarios.

La investigación apunta a una presunta red de pagos ilegales vinculada a la concesión de obra pública durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Además, la Corte hizo lugar a un recurso de la Procuración General de la Nación y dejó sin efecto el sobreseimiento que había beneficiado al fallecido exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y a su esposa, Carolina Pochetti, por presunto lavado de dinero. El fallo original había sido dictado en 2015 por el entonces juez Luis Rodríguez, pero nuevas pruebas, incluido el hallazgo de propiedades e inversiones en el exterior tras los “Panamá Papers”, reactivaron el expediente. Pochetti, arrepentida en la Causa Cuadernos, declaró que había pagado una coima al magistrado para cerrar la investigación.

La decisión del máximo tribunal también permite avanzar con el decomiso de los bienes relacionados a esa causa. En paralelo, el Tribunal Oral Federal N°7 se prepara para iniciar el juicio oral contra la exmandataria, exfuncionarios y empresarios acusados de integrar una asociación ilícita que cobró y pagó sobornos en contratos con el Estado.

La causa se originó cuando el periodista Diego Cabot, de La Nación, presentó ante el fiscal Carlos Stornelli una serie de cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, que registraban los recorridos de recaudación junto a Roberto Baratta, mano derecha de De Vido. A partir de ese hallazgo, el juez Claudio Bonadio ordenó detenciones y una serie de indagatorias que derivaron en múltiples confesiones de empresarios y funcionarios como arrepentidos.

De esas declaraciones surgieron ramificaciones como la “cartelización de la obra pública” -también llamada “la Camarita”-, iniciada por los testimonios del expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, quien relató el mecanismo de reparto de licitaciones y el pago sistemático de coimas. El exsecretario de Obras Públicas José López y el financista Ernesto Clarens aportaron detalles y planillas con los movimientos de dinero.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron en rechazar los planteos de los imputados, al considerar que no estaban dirigidos a una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Entre los recursos desestimados se encuentran los de Cristina Kirchner, por su procesamiento en 175 hechos de cohecho pasivo, los de Julio De Vido y los de los empresarios Cristóbal López, Aldo Roggio, Carlos Wagner y Juan Carlos De Goycoechea, entre otros.

En su resolución, el tribunal supremo también revirtió el sobreseimiento de Carolina Pochetti, quien seguirá siendo investigada por lavado de activos. Esa causa había comenzado en 2013 tras una denuncia de Elisa Carrió y un reporte de la Unidad de Información Financiera que señalaba operaciones sospechosas vinculadas a Muñoz, Pochetti y allegados al entorno presidencial.

La Corte sostuvo que “el sobreseimiento solo puede abarcar los hechos conocidos por el tribunal”, y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento en línea con lo dictaminado por la Procuración General.

Con este fallo, el máximo tribunal despeja los últimos obstáculos para la apertura del juicio más emblemático de la última década. La decisión refuerza el peso institucional de un expediente que marcó un antes y un después en las investigaciones por corrupción en la obra pública y mantiene bajo la lupa judicial a parte del antiguo gabinete kirchnerista y al círculo empresarial que operó con el Estado durante aquellos años.