Más de 60 efectivos de Gendarmería Nacional y 20 móviles de la fuerza federal intervinieron ayer en al menos 17 allanamientos que realizaron en forma simultánea con epicentro en clínicas, consultorios médicos, oficinas municipales y dependencias sociales de El Quebrachal, Joaquín V- González, Talavera y la capital salteña. Los procedimientos fueron requeridos por el fiscal federal Carlos Amad y ordenados por el juez Julio Bavio, en el marco de una investigación que solo en localidades anteñas tiene bajo la lupa más de 22.000 pensiones por discapacidad tramitadas, otorgadas y cobradas de forma irregular.
Con las denuncias, testimoniales, cruces de información de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la Administración Nacional de la Seguridad Social, tareas de inteligencia realizadas por fuerzas federales y los elementos secuestrados en los allanamientos, la investigación federal que se abrió hace seis meses en Salta quedó a un paso de las imputaciones que se formalizarían, una vez completado el análisis integral de las evidencias recolectadas, por asociación ilícita, falsedad ideológica de instrumentos públicos y una billonaria defraudación a las arcas nacionales.
Así lo señalaron a El Tribuno fuentes judiciales. Los cargos penales recaerían contra médicos, bioquímicos, funcionarios municipales, agentes públicos y actores políticos que intervinieron en el armado de expedientes con certificaciones falseadas.
En Joaquín V. González, los procedimientos alcanzaron a oficinas de la ANSES y de Acción Social, además del CIC del barrio San Antonio, donde funcionaba el sector de pensiones. En El Quebrachal, los gendarmes irrumpieron en consultorios médicos particulares y dependencias del Municipio señalados como "puntos clave" en la emisión de Certificados Médicos Obligatorios (CMO) espurios y la gestión fraudulenta de pensiones no graciables por invalidez.
En esas localidades y en allanamientos que también se dispusieron en la ciudad de Salta, según pudo confirmar anoche este diario con fuentes vinculadas a la investigación que dirige el fiscal Amad, se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, dinero y documentación que sería determinante para probar la existencia de una red de gestores, profesionales de la salud y funcionarios vinculados a la emisión de certificados médicos fraguados y la tramitación de pensiones por invalidez "truchas".
Las fuentes oficiales remarcaron que durante años habría operado en distintos municipios de Salta y provincias vecinas como Jujuy y Chaco, entre otras, una verdadera "industria de pensiones irregulares", con precios fijos por diagnósticos de enfermedades como chagas o diabetes, que servían como justificativos para el acceso a beneficios fraudulentos. La pesquisa apunta a desarticular esa trama y a establecer las responsabilidades penales tanto de particulares como de exfuncionarios y funcionarios en ejercicio.
La investigación en curso avanzará ahora con un análisis integral del material incautado, que incluiría conversaciones y registros entre gestores, médicos y referentes políticos de la región.
