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El juez Martín Bava le dio cinco días hábiles al Ministerio de Economía para entregar todos los papeles del préstamo de 20.000 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional, incluyendo anexos y documentación completa. La medida se tomó después de que la CAIP y el CELS presentaran un amparo, denunciando que el gobierno intentaba ocultar información clave a la ciudadanía.
Bava recordó que en democracia toda información pública debería estar al alcance de la gente, y que el Estado no puede quedarse con secretos que afectan la economía de todos. Sin embargo, Caputo y su equipo intentaron dilatar la entrega del expediente y derivarlo a trámites administrativos que complicaban el acceso.
Este fallo expone claramente que el gobierno busca manejar información a escondidas, mientras los ciudadanos deberían poder controlar y entender decisiones que impactan directamente en la economía. Para los críticos, la medida judicial es un llamado de atención sobre la falta de transparencia y los secretos de la gestión Milei en temas que nos afectan a todos.
En pocas palabras, la Justicia dejó en claro que el gobierno no puede esconder sus acuerdos con el FMI y que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se manejan las decisiones que repercuten en su bolsillo.
