La asesora de incapaces Carina Quinteros es una de las voces institucionales que se suma a las que ya vienen advirtiendo sobre la inconstitucionalidad, inconvencionalidad y regresividad que implicaría una baja de la edad de punibilidad como la que impulsa el gobierno nacional.
"Por supuesto que no compartimos este proyecto enviado al Congreso de la Nación, por el cual se pretende bajar la edad de punibilidad de los menores de edad. E incluso esto ha sido reforzado por una declaración conjunta que hizo el Consejo Federal de Defensores y de Asesores Generales de nuestro país, donde ha participado la asesora general (de incapaces de Salta, Mirta Lapad), que es la que ejerce la jefatura de los asesores de menores en el Ministerio Público de la provincia", explicó Quinteros.
Un dictamen de comisión en la Cámara de Diputados de la Nación habilitó el tratamiento de un proyecto que propone reformar el régimen penal aplicable a niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de reducir la edad de punibilidad a los 14 años. Esta iniciativa responde a un impulso del Poder Ejecutivo Nacional, que desde hace tiempo promueve la idea de someter a procesos penales a adolescentes que hoy están legalmente exentos de responsabilidad penal. La propuesta original incluso planteaba fijar la edad mínima en 13 años, aunque no logró el consenso necesario.
Ante esta situación, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales expresó su rechazo y solicitó al Congreso que no avance con el tratamiento del proyecto. “Nuestro objetivo es evitar que se reduzca la edad de punibilidad, ya que se trata de una medida regresiva en términos de protección de derechos”, advirtió una de las asesoras.
Asimismo, recordó que la edad mínima de punibilidad en la Argentina está fijada desde hace décadas. Incluso durante el período del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional —un contexto de amplia restricción de derechos— se sancionó la Ley N.º 22.803, que estableció los 16 años como edad mínima para la responsabilidad penal.
"Si Argentina bajara la edad de punibilidad, estaría tomando una medida que es inconstitucional, que se aparta del tratado de la Convención sobre los Derechos del Niño y por eso se la considera una medida regresiva", agregó.
