Cuál es el costo fiscal del cambio en la coparticipación que piden las provincias y cuáles serían las más beneficiadas

Un proyecto de ley respaldado por un amplio consenso de gobernadores propone modificar el esquema de asignación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), eliminando la discrecionalidad actual en favor de un sistema automático de distribución basado en los criterios de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Según un estudio elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, esta reforma implicaría para el gobierno nacional un costo fiscal de $269.465 millones durante el segundo semestre de 2025.

 El proyecto, actualmente en discusión en el Congreso, apunta a automatizar el reparto del 100% de los recursos que integran el Fondo de ATN, en línea con los coeficientes de coparticipación vigentes. En la actualidad, esos fondos son asignados discrecionalmente por el Ministerio del Interior para atender emergencias o desequilibrios financieros provinciales. No obstante, según explica el informe, “la tradición es una gran sub ejecución o, dicho de otra manera, que la Nación se apropia de la mayor parte de los recursos que ingresan al Fondo”.

¿Cómo se forma este fondo? 

El Fondo de ATN se forma, principalmente, con el 1% de la masa coparticipable neta y con el 1% del componente coparticipable del Impuesto a los Bienes Personales. Hasta 2017, también se incluía el 2% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias. Estos recursos, aunque se originan automáticamente a partir de la recaudación, son administrados en forma discrecional por el Poder Ejecutivo nacional.

 De acuerdo con el informe del Ieral, entre enero de 2017 y junio de 2025 el Fondo ATN acumuló ingresos por $8,6 billones (en valores constantes de 2025), pero sólo se transfirieron a las provincias el 48% de esos fondos. El restante 52% “quedó acumulado en las cuentas del gobierno nacional”.

¿Cuanto recibirian las provincias?

Según los cálculos, casi todas las provincias mejorarían su situación fiscal con el nuevo esquema. En total, las jurisdicciones pasarían de recibir $65.098 millones (promedio de los últimos tres semestres) a $334.563 millones en el segundo semestre de 2025. La diferencia de $269.465 millones representa el costo fiscal total del proyecto para ese período.

La provincia de Buenos Aires encabeza el listado con una diferencia positiva de $67.336 millones, seguida por Córdoba con $28.697 millones, Santa Fe con $24.647 millones, Chaco con $15.214 millones, Salta se ubicaria un poco mas abajo con una diferencia de 5.000 millones

Córdoba sería, además, la más beneficiada en términos relativos, ya que el aumento representa un 2,5% adicional respecto a los recursos que recibe por coparticipación. “Salvo Chubut, todas las jurisdicciones tendrían mejoras respecto a lo recibido desde 2024”, indica el informe. La única excepción es esa provincia patagónica, que pasaría de recibir $5.438 millones a $5.111 millones, una caída de $327 millones.

En su análisis, el Ieral también evaluó cómo hubiese impactado este proyecto si hubiera estado en vigencia en 2024. De acuerdo al informe, la transferencia automática de ATN a las provincias habría sumado $489.505 millones adicionales, lo que representa un 0,06% del PBI de ese año. Esa cifra, proyectan, “hubiese reducido en aproximadamente un 20% el superávit financiero nacional registrado en 2024”.

Por otro lado, el estudio recuerda que históricamente algunas jurisdicciones fueron más favorecidas que otras bajo el régimen discrecional. “Chubut ha recibido fondos ATN con una participación 1,7 puntos porcentuales superior a su participación en la coparticipación”, mientras que otras como Córdoba y CABA “exhibieron una participación 2 puntos porcentuales inferior”.