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Las estimaciones del costo fiscal de los proyectos que se discuten en el Congreso son muy distintas entre los números que bosquejan en el Poder Ejecutivo y los que calculan en el mercado, pero en ambos casos la aprobación de las iniciativas sobre jubilaciones, Aportes del Tesoro Nacional y el reparto de Impuesto a los Combustibles Líqudos pondría seria presión a las cuentas fiscales.
En el Palacio de Hacienda reiteran que de manera anualizada -por ejemplo, para todo 2026 si se sancionaran esas leyes en tratamiento- el costo fiscal sería de 2,5% del Producto Bruto, explicado en 2,1% entre los proyectos previsionales, como el aumento de 7,2% a los haberes y una nueva moratoria, por un lado, y 0,4% entre ATN y coparticipación del ICL. Como comparación, el año próximo el Gobierno necesitaría un superávit primario de 2,2% del PBI para poder terminarlo con equilibrio financiero.
Solo para este año el costo fiscal sería la mitad de esas cifras. El Gobierno tiene un sendero fiscal este año muy fino para avanzar si quiere cumplir la “sobremeta” que se autoimpuso. El presidente Javier Milei había instruido a sus funcionarios, en los días previos al anuncio del acuerdo con el FMI, fijar un objetivo de superávit primario más alto del previsto, desde 1,3% del PBI hasta 1,6 puntos del Producto. Una diferencia de unos 2,5 billones de pesos. En el mercado sobrevuela la pregunta de cómo podría hacer para conseguir ese margen adicional y alcanzar ese número.
El informe sostuvo que “en conjunto, estas medidas representarían un costo total anual de 1,7% del PBI” y advirtió que su implementación “solamente en la segunda parte del año bastaría para comprometer las metas fiscales oficiales”. Invecq explicó que con una proyección de superávit primario de 1,6% del PBI y equilibrio financiero para 2025, la puesta en marcha de estas medidas reduciría el resultado primario “al punto de no alcanzar para cubrir el pago de intereses”.
Finalmente, el documento señaló que “la aprobación de estas medidas cambiaría por completo el rumbo fiscal de 2025”. Remarcó que, dado el volumen de beneficiarios del sistema previsional, “incluso incrementos que pueden parecer modestos a nivel individual se traducen en un impacto fiscal agregado significativo”, y subrayó que “sin una compensación mediante recortes en otras partidas del gasto será difícil ampliar los recursos destinados a jubilaciones sin poner en riesgo las metas de equilibrio fiscal”.
