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Un vuelco inesperado sacudió este lunes la causa Vialidad: la Fiscalía General retiró el pedido para que Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena en una cárcel común. La decisión se conoció apenas minutos antes de una audiencia que iba a definir si la ex mandataria debía ser trasladada o no a un penal.
El fiscal Mario Villar, representante del Ministerio Público ante la Cámara de Casación, fue quien presentó el escrito que marcó el giro. A diferencia de sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola, que habían exigido la revocación de la prisión domiciliaria, Villar optó por no avanzar con ese planteo.
Según argumentó, llevar a Cristina a una cárcel sería “un retroceso en la modalidad de ejecución” y afectaría su “desarrollo personal y proyecto de vida”. También advirtió que, aunque su actual domicilio no garantiza plena seguridad, una prisión implicaría condiciones de aislamiento extremo, algo que no considera adecuado.
Eso sí: el fiscal pidió cambiar el lugar donde cumple la prisión domiciliaria. Señaló que la presencia de la ex vicepresidenta en el edificio de San José al 1100, en el barrio porteño de Monserrat, genera complicaciones para los vecinos y representa un riesgo, especialmente por sus habituales apariciones en el balcón.
Además, Villar se opuso a quitarle la tobillera electrónica, como había solicitado la defensa. Insistió en que no se puede suspender su uso sin informes técnicos previos que lo justifiquen, algo que hoy no existe en la causa.
En la audiencia de este mediodía, hablaron los abogados de CFK, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, y el propio Villar. Ahora, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña tienen cinco días hábiles para resolver, aunque se espera que haya una decisión antes del viernes.
Cristina había sido beneficiada con la domiciliaria por el Tribunal Oral Federal N°2, que tomó en cuenta su edad (72 años) y los riesgos tras el intento de asesinato que sufrió en 2022. El tribunal también destacó que un traslado a prisión implicaría medidas de aislamiento incompatibles con los derechos de cualquier condenado.
