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PUE!El empresario argentino Federico Andrés “Fred” Machado fue condenado a seis años de prisión en Estados Unidos. La sentencia fue dictada por el juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, tras aceptar el acuerdo de culpabilidad que el acusado negoció con la Fiscalía luego de su extradición a territorio estadounidense en noviembre de 2025.
La resolución judicial marca el cierre formal de una extensa investigación que puso bajo la lupa un complejo entramado de operaciones fraudulentas con aeronaves y lavado de activos.
Durante el proceso, la estrategia de la defensa cambió radicalmente: tras haber optado inicialmente por enfrentar un juicio por jurados, Machado negoció con los fiscales federales y admitió su responsabilidad en los delitos económicos. De este modo, el juez aceptó el acuerdo y dispuso dos penas concurrentes de 72 meses de prisión cada una por conspiración para cometer lavado de activos y conspiración para cometer fraude electrónico.
Uno de los puntos clave de la negociación fue que la Fiscalía retiró la acusación por narcotráfico internacional que pesaba sobre el argentino desde la imputación original de 2020. Dicho cargo contemplaba una pena mínima obligatoria de diez años de prisión, por lo que el acuerdo le permitió eludir ese gravísimo flanco judicial, aunque sin implicar una declaración de inocencia sobre aquellos hechos.
Asimismo, allegados al empresario indicaron que su defensa buscará que se le compute el tiempo que pasó detenido en la Argentina a la espera de ser extraditado (desde su captura en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén hasta fines de 2025), lo que podría reducir significativamente el tiempo efectivo tras las rejas en una cárcel estadounidense. El magistrado, en tanto, fijó una nueva audiencia para el 17 de febrero de 2027 con el fin de definir la restitución económica que deberá afrontar el condenado.
La caída de Machado vuelve a proyectar coletazos directos sobre el escenario político nacional. En el expediente judicial estadounidense permanece incorporada una transferencia clave de US$200.000 a favor de José Luis Espert, realizada en enero de 2020 a través del Bank of America y vinculada a una aeronave con matrícula N28FM que el empresario utilizaba habitualmente en sus viajes al país.
Si bien el actual diputado nacional argumentó en su momento que dichos fondos correspondían a un contrato de consultoría por un proyecto minero que finalmente no se concretó debido a la pandemia, la justificación quedó bajo fuerte sospecha judicial. De hecho, en octubre pasado, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado libertario por considerar que existían indicios suficientes para atribuirle el presunto delito de lavado de activos, imponiéndole un millonario embargo y la prohibición de salir del país, una decisión que fue apelada por la defensa.
Con la condena firme de su financista en Estados Unidos, la situación judicial y política en torno a los nexos entre el empresariado y las campañas electorales vuelve a quedar en el centro de la escena.
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