Ueno Bank: la Fiscalía abrió una investigación penal contra Peña y designó a tres fiscales

El fiscal general Emiliano Rolón armó un grupo de trabajo para analizar las denuncias por la colocación de fondos públicos en Ueno Bank y los vínculos del mandatario saliente con el grupo financiero.

Mundo05/11/2026PUE!PUE!

Santiago Peña

El Ministerio Público de Paraguay abrió una investigación penal contra Santiago Peña por el caso Ueno Bank, en medio de la crisis política que sacude al país tras la renuncia del presidente.

La resolución quedó en manos del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, quien ordenó organizar un grupo de trabajo para examinar las denuncias. La investigación estará a cargo de un equipo de tres agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, entre ellos Elena Fiore Franco y Silvia González. La supervisión fue asignada a Nancy Salomón, fiscal adjunta especializada en delitos económicos y anticorrupción.

Qué se investiga

Las denuncias apuntan a presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio, además de posibles responsabilidades por omisión o negligencia grave en los controles sobre la entidad financiera.

El expediente incluye sospechas sobre la colocación de fondos públicos en la entidad, los vínculos empresariales del exmandatario con compañías del grupo financiero y presuntos delitos financieros atribuidos a Peña y a autoridades de organismos públicos incluidos en la presentación legislativa.

El antecedente es una denuncia presentada por legisladores el año pasado, que fue ampliada ante el Ministerio Público el miércoles. Con la nueva disposición, la Fiscalía deberá determinar si existen elementos para atribuir responsabilidades penales.

El contexto

La crisis de Ueno Bank comenzó formalmente el 29 de octubre, cuando la entidad avisó al Banco Central que no podía reponer unos USD 70 millones usados de su encaje legal. El banco, con cerca de 3 millones de clientes, administraba además entre USD 800 y 850 millones de dinero estatal.

La diputada opositora Johanna Ortega pidió al Congreso que rechace la renuncia y mantenga el juicio político: advirtió que aceptarla podría permitirle a Peña dejar el poder sin responder políticamente y acceder a los fueros de senador vitalicio.

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