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Un plenario de comisiones avaló sin cambios el texto que llegó de Diputados, que reemplaza la emergencia que vence el 31 de diciembre por un régimen permanente, con pensiones del 70% de la jubilación mínima y un plazo para pagar las deudas con prestadores.
PUE!
El proyecto de ley de discapacidad obtuvo este miércoles dictamen en el Senado y quedó en condiciones de ser sancionado en la próxima sesión, que podría realizarse dentro de unas dos semanas. La firma se dio en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Agustín Monteverde, y de Población y Desarrollo Humano, a cargo de Alicia Kirchner.
El despacho, que respeta tal cual el texto aprobado por Diputados, reunió una mayoría poco habitual: lo firmaron libertarios, radicales, PRO, peronistas disidentes, fuerzas provinciales y kirchneristas. La iniciativa, llamada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, reemplaza la emergencia vigente, que vence el 31 de diciembre, por un régimen permanente y de orden público.
Mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso. Además, conserva la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También garantiza la cobertura médica a través del programa Incluir Salud, con las prestaciones básicas de la Ley 24.901, y sostiene el nomenclador único con aranceles homogéneos y actualización automática según la movilidad jubilatoria. El financiamiento saldrá de partidas del Ministerio de Salud, con compensaciones del Tesoro si no alcanzan, y la asignación no podrá ser menor, en términos reales, a la del año anterior.
En materia de controles, habrá auditorías periódicas con cruce de datos entre ANSeS, ARCA y Renaper. Ante una suspensión, la persona deberá ser notificada y tendrá 60 días para presentar su descargo. Para los prestadores, el Ejecutivo deberá informar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar las deudas dentro de los 90 días.
La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, respaldó el texto desde el inicio, pese a las resistencias atribuidas al ministro Luis Caputo: "Esto no es asistencia social, esto es una prestación y una regulación permanente ya que refuerza las prestaciones y los controles". Alicia Kirchner, por su parte, pidió no demorar: "Toda ley es perfectible, pero hoy tenemos que garantizar la mayor cobertura". Y Juliana Di Tullio anticipó: "Vamos a acompañar el dictamen para que haya certeza de que el 31 de diciembre la emergencia no se cae".
El chubutense Carlos Linares retiró su propuesta de prorrogar la emergencia, aunque advirtió: "Es mucho lo que falta y quiero ver qué viene en el Presupuesto 2027. Ahora, tenemos que despejar la incertidumbre". La cordobesa Alejandra Vigo pidió cuatro cambios, que habrían obligado a devolver el proyecto a Diputados, y sostuvo que el nomenclador está muy atrasado respecto de la inflación, pero sus planteos no prosperaron. El plenario tuvo además momentos de tensión, con cruces entre Di Tullio, Bullrich y senadores libertarios.

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