El Banco Central del Paraguay intervino la entidad por su caída de solvencia y congeló sus operaciones. Hay fondos de jubilados y de organismos del Estado atrapados, y la oposición anunció un juicio político contra Peña.
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Paraguay atraviesa una fuerte crisis financiera. El Banco Central del Paraguay (BCP) intervino este martes el Ueno Bank, una de las principales entidades digitales del país, con unos tres millones de clientes. Todas sus operaciones quedaron congeladas: no funcionan la aplicación, las tarjetas ni ningún otro servicio.
El BCP tomó la decisión porque el índice de solvencia del banco cayó por debajo del 50% del mínimo exigido. En junio, la Superintendencia de Bancos ya había detectado indicios de créditos a empresas vinculadas al grupo controlador, además de problemas de liquidez.
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El presidente Santiago Peña pidió la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo, que antes de asumir en 2023 había presidido la Financiera Ueno, antecesora del banco. Su designación ya había generado críticas por un posible conflicto de intereses.
"Mi renuncia está firmada de antemano por la simple razón de que el BCP necesita tranquilidad para hacer su trabajo", dijo Carvallo, que seguirá en el cargo de forma provisoria para supervisar el proceso. Según consignó Infobae, el funcionario definió la situación como "un hecho puntual y aislado" y aseguró que el sistema financiero "se mantiene sólido y saludable".
Peña lo anunció en sus redes:
"Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional", sostuvo el mandatario, y agregó que los responsables deberán responder ante la Justicia "sin excepciones y sin privilegios".
En el banco hay unos US$380 millones del Instituto de Previsión Social (IPS), que incluyen depósitos de unos 32.000 jubilados, además de fondos de la ANDE y de Itaipú. Peña se comprometió a garantizar la devolución de los recursos del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas.
Los depósitos están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos: 228,3 millones de guaraníes, unos US$38.600. Según las primeras estimaciones, cerca del 97% de los depositantes tiene sus fondos totalmente cubiertos.
El BCP tiene 15 días para hacer el balance de exclusión, que define qué activos y depósitos se transfieren a otras entidades. Peña acordó con el Congreso tratar una ley para usar el fondo de garantía y pagar de inmediato a los ahorristas.
El escándalo salpica al Gobierno: Peña tuvo vínculos empresariales con el grupo controlador del banco, aunque la entidad sostiene que nunca fue accionista. El vicepresidente Pedro Alliana puso en pausa su precandidatura presidencial por el Partido Colorado, y senadores opositores anunciaron un pedido de juicio político contra Peña y Alliana, además de denuncias penales contra el directorio del BCP y los administradores de Ueno.
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