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En un giro judicial de altísima repercusión internacional, la Justicia de Brasil ordenó al senador y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro la entrega inmediata de sus pasaportes ordinario y diplomático, imponiéndole además la prohibición de salir del territorio nacional. La medida fue notificada por efectivos de la Policía Federal un día después del histórico balotaje en el que Luiz Inácio Lula da Silva logró la reelección frente al dirigente del Partido Liberal (PL).
Según denunció el propio Flávio Bolsonaro a través de un video difundido en sus canales oficiales, los agentes policiales lo interceptaron en la vía pública para notificarlo de la resolución judicial en momentos en que salía de la residencia de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia.
"Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme. Para resistir al caos, voy a organizar la oposición."
La resolución firmada por la máxima instancia judicial de Brasil establece un plazo de 24 horas para la entrega formal de las credenciales de viaje y fija una restricción explícita de contacto directo o indirecto con el abogado Willer Tomaz, figura salpicada en expedientes de presunto lavado de dinero.
La decisión judicial se enmarca en medio de dos investigaciones de peso que cercan al legislador:
Financiamiento audiovisual: La investigación para determinar el origen de los recursos utilizados en la realización de Dark Horse, el documental sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro. Las actuaciones rastrean transferencias por al menos 65 millones de reales vinculadas a Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master.
Lavado de activos y apuestas: Un expediente que indaga presuntas maniobras financieras sospechosas relacionadas con empresas de apuestas deportivas (bets) y el entorno del letrado Willer Tomaz.
El excandidato opositor vinculó la premura de la restricción judicial a declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien días atrás sugirió que Flávio debería abandonar el país en caso de un resultado adverso. Sin embargo, el senador desestimó de plano esos rumores de fuga, confirmó que se defenderá dentro del proceso legal y anticipó que impulsará acciones judiciales ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para cuestionar los comicios.
