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La Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar un pedido para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, en la cuenca norte de Malvinas.
La solicitud se enmarca en el arbitraje iniciado el 28 de septiembre bajo el Anexo VII de la CONVEMAR y se fundamenta en su artículo 290, inciso 5, que permite solicitar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral.
1. Impedir el inicio o la continuidad de la explotación petrolera
Argentina pidió que el Reino Unido impida que avance la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte. El objetivo es obtener una restricción temporal de las actividades mientras se resuelve la controversia, antes de que la extracción consolide una situación difícil de revertir.
2. Evitar el uso perjudicial de la información exploratoria
El Gobierno solicitó que el Reino Unido se abstenga de utilizar, en perjuicio de los derechos argentinos, la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales en las áreas marítimas en disputa. El planteo abarca datos técnicos que pueden servir para identificar y evaluar los yacimientos. No supone una prohibición general de utilizar cualquier información, sino una restricción vinculada al posible perjuicio de los derechos que Argentina reclama.
3. Preservar las obligaciones de protección ambiental
Argentina pidió que el Reino Unido cese de impedirle cumplir las obligaciones que invoca en virtud de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR. El primero establece el deber de proteger y preservar el medio marino; el segundo exige adoptar medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación. El Tribunal deberá evaluar cómo se aplican esas obligaciones al caso y si justifican medidas urgentes.
4. Evitar nuevas autorizaciones que agraven la controversia
El cuarto reclamo busca que el Reino Unido se abstenga de adoptar nuevas medidas que puedan agravar el conflicto, especialmente mediante el otorgamiento de nuevos permisos para explotar recursos de la plataforma continental disputada. El objetivo es evitar cambios unilaterales mientras continúa el procedimiento internacional.
La presentación no implica que el proyecto esté suspendido. Los jueces deberán analizar si el futuro tribunal arbitral tendría competencia, si existe urgencia y si corresponde conceder las medidas solicitadas, rechazarlas o establecer otras restricciones.
Si dicta medidas provisionales, estas serán jurídicamente obligatorias para las partes. Sin embargo, el procedimiento urgente no resuelve por sí mismo la soberanía sobre las Islas Malvinas: busca preservar los derechos invocados mientras avanza el arbitraje.
La producción comercial de Sea Lion está prevista para 2028, con perforaciones de desarrollo proyectadas para 2027. Mientras tanto, la Argentina sostiene que las actividades afectan sus derechos sobre la plataforma continental y reclama retomar las negociaciones con el Reino Unido.
