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Las nuevas restricciones al comercio fronterizo con Bolivia generaron preocupación en el norte de Salta. La medida de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), establecida mediante la Resolución General 5910/2026, comenzó a regir este sábado y modifica las condiciones para el traslado de mercaderías a través de los pasos fronterizos.
Entre los principales cambios, la normativa fija un límite de US$150 diarios por persona para el valor de los productos que pueden egresar del país bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo. También restringe la salida de alimentos, como harina y azúcar, en envases de más de 10 kilos, y prohíbe vender combustible a compradores bolivianos en bidones, tanques suplementarios y otros recipientes.
Desde ARCA fundamentaron las disposiciones en la necesidad de reforzar los controles aduaneros, evitar el fraccionamiento de operaciones y prevenir el desvío de mercaderías hacia circuitos comerciales no autorizados. Sin embargo, comerciantes y autoridades de la zona advierten que las limitaciones podrían afectar a quienes desarrollan actividades dentro de los mecanismos habilitados.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, calificó la decisión como inconsulta y puso en duda su efectividad. Si bien consideró razonable la prohibición del traslado de combustible en bidones, señaló que la medida no impediría necesariamente que una persona cruce la frontera en su vehículo, cargue combustible y regrese a Bolivia.
Además, advirtió sobre posibles consecuencias para la recaudación y el movimiento comercial de la zona. Según su planteo, si no se refuerzan los controles sobre los pasos clandestinos, parte de las operaciones podría desplazarse hacia circuitos ilegales.
En Salvador Mazza, la presidenta de la Cámara de Comercio local, Norma Gareca, también cuestionó la implementación de las nuevas reglas y pidió precisiones sobre su aplicación. La dirigente señaló que hay mercaderías compradas con anticipación cuya entrega puede demorar entre 10 y 15 días, por lo que las restricciones podrían complicar operaciones ya iniciadas.
La entidad presentó una solicitud para obtener una flexibilización transitoria de 30 días y prepara nuevas presentaciones con asesoramiento legal. También mantiene contactos con cámaras comerciales de otras localidades fronterizas y representantes del sector boliviano.
Entre las dudas planteadas por los comerciantes figuran la interpretación de los límites de peso y volumen, el tratamiento de productos líquidos y los criterios que se utilizarán para controlar las cantidades permitidas.
Mientras esperan respuestas de ARCA y de las autoridades políticas, los sectores afectados no descartan avanzar por la vía judicial. El conflicto pone en discusión cómo compatibilizar los controles aduaneros con la actividad económica de localidades como Aguas Blancas y Salvador Mazza, donde el intercambio con Bolivia forma parte del movimiento comercial cotidiano.
