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Tres policías de la provincia de Salta fueron condenados por exigir dinero a conductores durante un control vehicular no autorizado en la ruta provincial 5, en jurisdicción de Las Lajitas.
Los condenados son Emiliano Alberto Cabrera, Doris Cristina del Milagro Lucena y María Fernanda Sosa Navarro, quienes prestaban servicio en el departamento Anta. Los tres reconocieron su responsabilidad en un juicio abreviado y fueron considerados coautores del delito de exacciones ilegales en perjuicio de la Administración Pública.
El juez Sebastián Guzmán homologó el acuerdo y les impuso a cada uno una pena de un año de prisión de ejecución condicional y un año de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Además, deberán cumplir reglas de conducta, entre ellas no cometer nuevos delitos y mantenerse alejados de testigos e informantes, sin ejercer actos de violencia contra ellos.
El hecho ocurrió el 19 de agosto sobre la ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 60, en jurisdicción de Las Lajitas, cerca del acceso al Parque Nacional El Rey.
La investigación comenzó después de que varios conductores alertaran a personal policial sobre la presencia de tres personas vestidas con uniformes que realizaban un supuesto control vehicular.
Según las denuncias, los efectivos exigían dinero a los conductores a cambio de no controlar ni secuestrar la mercadería que transportaban. Cuando otros policías llegaron al lugar, constataron que se trataba de efectivos en funciones, pero que el operativo no había sido autorizado.
La investigación estuvo a cargo del fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, a través de la Delegación Las Lajitas del Ministerio Público Fiscal.
Durante el procedimiento se realizó un rastrillaje en la zona y los investigadores encontraron una bolsa con dinero escondida dentro de un neumático en desuso.
Además, se secuestraron otras sumas de dinero encontradas dentro del móvil policial y entre las pertenencias de los efectivos. En total, el dinero contabilizado superó el millón de pesos.
También fueron secuestrados tres teléfonos celulares, tres armas reglamentarias, chalecos tácticos, credenciales policiales y conos de señalización utilizados durante el control.
La Justicia finalmente condenó a los tres efectivos luego de que reconocieran su responsabilidad en el hecho. La pena quedó en suspenso, pero deberán cumplir las condiciones establecidas y quedaron inhabilitados durante un año para ejercer cargos públicos.
