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La investigación contra José Antonio “Kiko” Fernández, propietario de la finca La Montanera y del emprendimiento gastronómico Cerdo Negro, continúa avanzando en la Justicia Federal de Salta y sumó una nueva novedad: el empresario cambió a sus abogados defensores y ahora quedó asesorado por un estudio encabezado por un exjuez federal que también tuvo un paso por la Corte de Justicia de Salta.
Fernández fue imputado el 2 de septiembre por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada, en una causa que comenzó a partir de una denuncia anónima realizada a la línea 145. La investigación se encuentra todavía en etapa preliminar y el juez federal de Garantías N.º 2, Diego Anzorreguy, otorgó a la Fiscalía un plazo de seis meses para profundizar las medidas.
La acusación contempla agravantes vinculados con la cantidad de personas afectadas, la situación de vulnerabilidad de las presuntas víctimas y la consumación de la explotación, según los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal. Además, el empresario quedó sujeto a restricciones judiciales, entre ellas la prohibición de salir del país y de mantener contacto con determinados trabajadores.
La causa se inició el 26 de febrero de 2026, cuando una persona realizó una denuncia anónima a la línea 145 para alertar sobre presuntas irregularidades laborales en la finca La Montanera, ubicada en Cerrillos.
A partir de esa denuncia se puso en marcha una investigación que incluyó inspecciones y entrevistas a trabajadores. La Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX) y organismos como ARCA participaron de las actuaciones. Con el avance del expediente, la Fiscalía identificó a siete trabajadores cuyas situaciones fueron incorporadas a la acusación.
Según la acusación fiscal, durante las inspecciones se detectaron habitaciones con piso de tierra, camas construidas con palets, letrinas y dificultades para acceder al agua para el aseo personal. Algunos trabajadores, de acuerdo con lo incorporado al expediente, debían calentar agua para poder bañarse.
Otro de los puntos investigados está relacionado con las condiciones laborales y salariales.
De acuerdo con información difundida sobre la causa, algunos trabajadores cobraban entre $300.000 y $500.000 mensuales, mientras que estaban registrados bajo convenios vinculados con la actividad tabacalera aunque realizaban otras tareas dentro de la finca, entre ellas trabajos relacionados con la producción porcina. También se investigan jornadas durante sábados, domingos y feriados sin los adicionales correspondientes.
Entre las personas alcanzadas por la investigación hay dos jubilados de 72 y 73 años. Uno de ellos, según lo informado sobre el expediente, no estaba registrado laboralmente, no contaba con agua corriente y realizaba tareas de jardinería.
El otro llevaba años trabajando en la finca y, luego de jubilarse, habría comenzado a realizar tareas vinculadas con la recolección de bellotas, con un pago por kilo. Según la acusación difundida, los fines de semana concurría a un comedor de Cáritas porque el dinero que recibía no le alcanzaba para alimentarse.
También se incorporó el caso de un trabajador que habría sufrido un accidente laboral y, según la investigación, no habría recibido una compensación por los días en los que no pudo trabajar. Ese episodio fue señalado como uno de los antecedentes que ayudaron a que aparecieran otros trabajadores con situaciones similares.
Frente a la acusación, Fernández rechazó haber cometido un delito y sostuvo que la situación lo perjudicaba.
En declaraciones conocidas durante el proceso, el empresario afirmó: “Creo que no he cometido ningún delito, esto me pasa por ayudar a la gente”.
También cuestionó parte de las condiciones habitacionales descriptas por la Fiscalía y sostuvo que algunos de los espacios contaban con mejores condiciones de las señaladas en la acusación. Sobre las letrinas, planteó que no estaban habilitadas, pero que los propios trabajadores las utilizaban.
La defensa que lo acompañaba inicialmente también cuestionó la investigación y presentó distintos planteos durante la audiencia de formalización.
Uno de los puntos que generó tensión durante la audiencia fue el planteo de la defensa respecto del conocimiento que tenía sobre la investigación.
Según la Fiscalía, los abogados habían sido informados sobre las actuaciones durante los meses previos a la imputación. La investigación preliminar había comenzado meses antes de la audiencia y la defensa había participado de determinadas instancias del expediente.
La acusación también sostuvo que, pese al tiempo transcurrido, no se habían presentado elementos propios que permitieran contrarrestar algunas de las evidencias incorporadas al expediente.
En ese contexto, la estrategia legal del empresario tomó un nuevo rumbo: semanas después de la formalización, Fernández decidió cambiar de abogados.
El cambio de defensa se produce mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas. La causa todavía no llegó a una instancia de juicio y la imputación no implica una condena.
El plazo otorgado por la Justicia es de seis meses y durante ese período podrían incorporarse nuevas declaraciones, pericias, informes y otros elementos destinados a determinar qué ocurrió en la finca La Montanera y cuál fue la responsabilidad que eventualmente pudiera corresponderle al empresario.
Por ahora, Fernández continúa imputado por presunta trata de personas con fines de explotación laboral agravada, mientras la investigación judicial sigue su curso.
