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El debate sobre la lucha transnacional contra el crimen organizado sumó un nuevo capítulo estratégico a nivel continental. Declaraciones recientes del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, confirmaron la intención de la administración estadounidense de llevar las operaciones militares de la coalición anticárteles desde las aguas internacionales hacia objetivos en tierra en América Latina.
La medida forma parte de la doctrina diplomática y militar Escudo de las Américas, un espacio de integración lanzado en marzo de 2026 en Miami del cual la Argentina participa como país socio.
La preocupación de los organismos internacionales de inteligencia apunta a la consolidación de redes de apoyo operativo e infraestructura logística utilizadas por grupos criminales trasnacionales en la zona de la Triple Frontera y distintos corredores sudamericanos:
El monitoreo multilateral identifica a la región como plataforma clave para el lavado de activos y el acopio temporal de cargamentos destinados a mercados internacionales.
Desde el Departamento de Defensa estadounidense señalaron que se busca replicar el impacto de la campaña naval desplegada en el Caribe y el Pacífico mediante acciones operativas conjuntas en suelo continental para desarticular bases logísticas declaradas como organizaciones de amenaza.
A pesar de las especulaciones sobre intervenciones directas o unilaterales, la doctrina marco de la Coalición Anticárteles estipula que cualquier despliegue en territorio de los países firmantes debe coordinarse de manera bilateral y respetando los marcos jurídicos de cada nación.
En el ámbito local, la legislación vigente en la República Argentina exige autorización formal y expresa del Congreso de la Nación para el ingreso de tropas o la realización de ejercicios u operaciones militares extranjeras en el territorio nacional. Fuentes del área de Seguridad y Defensa sostienen que las acciones en curso se limitan al intercambio de inteligencia estratégica y al fortalecimiento de los patrullajes preventivos en zonas de frontera.
