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Una investigación basada en datos oficiales del Estado nacional reveló que la administración nacional subejecutó de manera pronunciada los recursos asignados a obras de infraestructura hídrica y vial, destinando la mayor parte de dichos fondos a instrumentos de inversión financiera.
Según un relevamiento publicado por el sitio especializado Chequeado, entre enero de 2024 y mayo de 2026 la recaudación acumulada por la asignación específica del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) alcanzó los $375.400 millones. Sin embargo, la ejecución efectiva para el desarrollo, ampliación o mantenimiento de obras de agua y saneamiento ascendió únicamente a $116.000 millones.
Los registros oficiales reflejan que, en lugar de volcar la totalidad del flujo financiero a proyectos de infraestructura en el territorio nacional, la caja del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica mantuvo un importante remanente colocado en el mercado financiero.
Para junio de 2026, la disponibilidad de este fideicomiso presentaba la siguiente distribución:
$290.000 millones colocados en Letras del Tesoro (Lecaps/Bonacer).
$49.000 millones depositados en cuentas bancarias a plazo o caja de ahorro.
$116.000 millones ejecutados en obras concretas (equivalente al 30,9% del total recaudado).
El informe técnico advierte que el patrón de subejecución presupuestaria no fue exclusivo de las obras hídricas. Una dinámica similar se detectó en el fideicomiso destinado a la infraestructura del transporte, que también se nutre de la recaudación del impuesto a las naftas y el gasoil.
En este sector, la ejecución física de obras viales, mejoras en corredores nacionales y mantenimiento de rutas también registró niveles mínimos en comparación con los fondos ingresados, derivándose la liquidez remanente hacia la compra de títulos públicos emitidos por la Secretaría de Hacienda.
