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La Justicia salteña dio un paso formal en la causa que investiga la gestión municipal de Héctor Raúl Vargas, quien se desempeñó como intendente de la localidad de San Carlos entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.
Durante la audiencia de formalización, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) le imputó cargos como supuesto autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (tres hechos) y falsedad ideológica de documento público (dos hechos). Asistido por su defensa técnica, el exjefe comunal y actual legislador optó por no declarar ni responder a las preguntas de la Fiscalía.
Las actuaciones penales se originaron a partir de diversas denuncias presentadas por concejales y por la actual intendenta del municipio, María del Carmen Vargas. El análisis pericial del Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) arrojó severas inconsistencias contables:
Loteo social inconcluso e irregular: En julio de 2021, la comuna adquirió un terreno de más de 3 hectáreas por $15 millones sin la autorización previa del Concejo Deliberante. Por la venta posterior de dichos parcelamientos, el municipio recaudó $16.883.100, pero no existen registros sobre el destino de un excedente de $1.883.100. Inspecciones oculares constataron que el predio quedó completamente desierto, apenas demarcado y carente de servicios básicos como agua, luz y cloacas.
Fondos nacionales sin rendición (PROTAAL): Se investiga la falta de documentación respaldatoria de $9.482.369,75 enviados por Nación para proyectos productivos de 20 familias del paraje San Rafael. El organismo nacional confirmó la ausencia total de rendición de cuentas.
Retiros bancarios por $64 millones: El entrecruzamiento de datos reveló que el exjefe comunal libró cheques de pago diferido y realizó cobros por ventanilla en sucursales del Banco Macro por un total de $64.449.000. Aunque los cheques figuraban a nombre de la propia Municipalidad de San Carlos, la comuna confirmó la inexistencia de comprobantes que aclaren el destino final del dinero.
Con la formalización del pedido de imputación, la Fiscalía avanzará en la recolección de pruebas periciales e informativas para determinar la responsabilidad penal del exfuncionario y el perjuicio fiscal ocasionado a las arcas del municipio vallisto.
