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Un nuevo ataque de perros generó alarma en Córdoba. Este martes, un nene de 2 años fue mordido por un dogo en la localidad de Villa Caeiro, en el Valle de Punilla, y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Pediátrico de Córdoba.
El menor permanece internado en terapia intensiva y, según el primer diagnóstico, sufrió un traumatismo de cráneo severo como consecuencia del ataque. Mientras las autoridades investigan las circunstancias del hecho, trascendió que el perro pertenecería a la familia del niño.
El caso ocurrió en medio de la conmoción por la muerte de otro nene en Córdoba, quien el domingo murió tras ser atacado por un pitbull en el sur de la capital provincial.
La seguidilla de ataques también tuvo como víctima a un hombre de 70 años, quien este martes al mediodía fue mordido por sus propios perros de raza Bull Terrier en su vivienda del barrio Urquiza, en la ciudad de Córdoba.
Ante la situación, efectivos policiales intervinieron para separar a los animales de su dueño. Según la información difundida, utilizaron gas pimienta para ahuyentar a los perros y controlar el ataque.
El hombre sufrió heridas en ambas piernas y uno de sus brazos, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital de Urgencias para recibir atención médica.
La Municipalidad de Córdoba cuenta desde abril de 2023 con un registro obligatorio para los propietarios de perros que puedan representar un riesgo para la ciudadanía. Además, habilitó la aplicación Huella Animal para realizar denuncias.
Entre las razas consideradas potencialmente peligrosas figuran el rottweiler, pitbull terrier, dogo argentino, bull terrier, mastiff, bullmastiff y dóberman, entre otras, además de los cruces de estos animales.
También pueden ser considerados potencialmente peligrosos aquellos perros entrenados para la defensa o el ataque, así como los que por su carácter agresivo, musculatura o potencia de mandíbula puedan provocar lesiones graves o incluso la muerte.
Los vecinos pueden realizar denuncias a través de los canales oficiales. Una vez recibida, las autoridades verifican los datos y realizan una inspección dentro de las 72 horas.
La supervisión está a cargo de un Promotor de Convivencia, que controla que el animal esté registrado y que el propietario cumpla con las condiciones de seguridad, y de un veterinario, que determina si el perro reúne las características para ser considerado potencialmente peligroso.
Si corresponde, se labra un acta y se intima al propietario. Las multas pueden ir de 50 a 250 Unidades Económicas Municipales (UEM), según la información aportada en el caso.
