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Salta atraviesa un escenario de creciente conflictividad habitacional. Según datos del Poder Judicial provincial, hasta el 24 de julio de 2026 ingresaron 199 causas de desalojo. Del total, 160 corresponden al denominado Centro y 39 al interior de la provincia.
El número ya representa cerca de dos tercios de todas las causas registradas durante 2025, cuando se contabilizaron 297 expedientes. En 2024, en tanto, habían sido 275. Sin embargo, hay una aclaración importante: las 199 causas no significan que se hayan concretado 199 desalojos, sino que son expedientes que ingresaron a la Justicia y que no necesariamente terminan con el desalojo efectivo de una vivienda.
El dato aparece mientras a nivel nacional avanza el debate por un proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que ya obtuvo media sanción en el Senado y propone acelerar los procesos de desalojo. La iniciativa todavía debe ser tratada por la Cámara de Diputados.
Desde la Municipalidad de Salta, el director general de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino, Alberto Córdoba, explicó que el proyecto podría modificar de manera importante los tiempos actuales de los juicios de desalojo en la provincia.
Según Córdoba, actualmente un juicio de desalojo puede tramitarse mediante un proceso ordinario que demora entre 18 y 24 meses. Con el nuevo esquema, en cambio, pasaría a un juicio sumarísimo, que se desarrolla en una sola audiencia y podría llevar el plazo de ejecución a entre dos y seis meses.
El funcionario también aclaró que existen mecanismos más rápidos en determinados casos, pero que no representan la regla general. Se aplican principalmente cuando existe una medida cautelar o algún peligro relacionado con la demora de la Justicia.
La problemática no se limita a los expedientes judiciales. El área municipal de Atención al Inquilino realiza actualmente alrededor de 10 audiencias por semana y ya lleva unas 80 en lo que va del año. La proyección para 2026 es alcanzar entre 150 y 160 audiencias, lo que representaría un crecimiento aproximado del 40% respecto del año pasado.
Entre los principales conflictos aparecen la actualización de los alquileres, los atrasos en los pagos, los arreglos al finalizar los contratos y la devolución de los depósitos en garantía. Incluso llegan pedidos de conciliación por apenas un mes de atraso en el alquiler. Cuando la deuda alcanza aproximadamente los tres meses, la situación suele volverse mucho más difícil de sostener.
Otro dato que preocupa es que entre el 30% y el 40% de las denuncias que recibe el área municipal corresponden a relaciones de alquiler informales, es decir, casos en los que no existe un contrato firmado. Esta situación puede dejar a los inquilinos en una posición de mayor vulnerabilidad frente a un conflicto.
Ante este escenario, la Municipalidad cuenta con una instancia administrativa de conciliación para que propietarios e inquilinos intenten llegar a un acuerdo antes de que el conflicto termine en los tribunales.
Según los datos difundidos por Córdoba, de 72 audiencias analizadas, 34 estuvieron vinculadas con desalojos y en 26 casos se alcanzó un acuerdo entre las partes. El funcionario señaló que, en términos generales, alrededor del 80% de las personas que pasan por Atención al Inquilino obtienen una respuesta mediante un acuerdo, aunque el resultado depende de la predisposición de ambas partes.
Entre los grupos que requieren especial atención aparecen los adultos mayores que alquilan y tienen ingresos previsionales limitados. Desde el área municipal señalaron que algunos llegan a situaciones de desalojo cuando los aumentos de los alquileres superan su capacidad de pago.
El proyecto que obtuvo media sanción en el Senado propone que las acciones de desalojo se tramiten mediante un juicio sumarísimo, con plazos más breves, y contempla además la posibilidad de una restitución anticipada del inmueble cuando exista verosimilitud del derecho del propietario.
En los casos de falta de pago de alquileres de viviendas, establece que el propietario deberá intimar previamente al inquilino y darle un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la deuda. También contempla situaciones de especial vulnerabilidad, como la presencia de menores, adultos mayores o personas con discapacidad, en las que está prevista la intervención del Ministerio Público.
El proyecto todavía debe ser tratado por Diputados. Mientras tanto, en Salta el número de causas judiciales y el aumento de las consultas por conflictos de alquiler reflejan una problemática que afecta tanto a propietarios como a inquilinos.
