
La incansable búsqueda del prófugo denunciado por abusar de su hijastra en Puan y los vacíos legales del caso
PUE!
La historia judicial originada en la localidad bonaerense de Puan en el año 2009 expone de forma directa la persistencia de la impunidad ante la inacción estatal y las grietas de la cobertura penal en materia de abusos contra la infancia. Tras casi 15 años del hecho, Alberto Martín Del Valle (56) permanece con orden de captura vigente tras haber sido imputado por abusar de la hija de su expareja cuando tenía 11 años, provocarle un embarazo e intentar someterla a un aborto clandestino en el conurbano bonaerense.
El expediente, caratulado como abuso sexual agravado en concurso real con tentativa de aborto, tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°12 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, a cargo de la fiscal Leila Scavarda y la ayudante fiscal Ana Clara Cafasso. Pese a que un peritaje genético de ADN confirmó la paternidad del acusado con un 99,9% de certeza y a que en marzo de 2012 se dictó el pedido formal de detención, el imputado logró evadir la acción de las Fuerzas de Seguridad utilizando identidades falsas y redes de contención en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.
Ante el estancamiento de las actuaciones, Yamila Segovia, hermana mayor de la víctima, tomó la decisión de cursar y finalizar la carrera de Derecho para constituirse de manera formal como abogada querellante en la causa. Desde ese rol institucional, la profesional encabeza un reclamo permanente para visibilizar el rostro del prófugo e impulsar de forma autónoma las tareas de localización.
Redes de cobertura y maniobras de ocultamiento
Las investigaciones particulares y los datos incorporados al expediente permitieron reconstruir que Del Valle se desplazó históricamente por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Costa Atlántica. En localidades como Mar de Ajó e instituciones comunitarias del barrio porteño de La Boca, el acusado solía presentarse bajo los alias de "Martín Morales" o "Lescano", apodado "Jaba", e integraba congregaciones religiosas o merenderos comunitarios donde frecuentaba a menores en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, la querella apunta a la existencia de complicidades operativas que facilitaron sus reiteradas fugas antes de la concreción de los allanamientos. Entre las líneas de análisis se evalúa la posible cobertura brindada por allegados, considerando que un familiar directo del prófugo se desempeñó en la Policía Federal Argentina y actualmente integra la Policía de la Ciudad.



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