Gestión Vega: cuestionan el silencio del concejal Adrián Landriel en la causa por los $9 millones desaparecidos que involucra a su hermano

La investigación por el presunto faltante de más de $9 millones en el área de Rentas de la Municipalidad de Cerrillos volvió a generar repercusiones políticas. Esta vez, el foco está puesto en el concejal Adrián Landriel, cuestionado por no haber promovido durante casi un año ningún pedido de informes sobre la causa que involucra a su hermano, uno de los exempleados cesanteados tras la auditoría realizada por la actual gestión.

Durante su trayectoria en el Concejo Deliberante, Landriel construyó buena parte de su perfil político impulsando pedidos de informes y reclamando explicaciones al Ejecutivo municipal. Sin embargo, cuando la investigación alcanzó a un familiar directo, esa postura no se replicó.

El pedido de informes recién llegó al recinto cuando fue presentado por los concejales Néstor Ríos, Darío Albeza y Celeste Corimayo, iniciativa que finalmente fue aprobada por unanimidad, incluido el voto favorable de Landriel.

Consultado sobre por qué nunca impulsó una investigación desde su banca, el edil evitó profundizar sobre el tema. "Todo lo que tenga que ver con mi hermano lo tendrá que ver él. Yo no me puedo hacer cargo de las cuestiones que lo involucran", respondió durante una entrevista, sin explicar por qué no utilizó la herramienta legislativa que más veces promovió durante su mandato.

La causa se originó tras una auditoría ordenada por la gestión del intendente Enrique Borelli, que detectó más de 100 comercios con habilitaciones presuntamente irregulares y un faltante estimado entre 8 y 9 millones de pesos, producto de pagos de tasas que, según la investigación, nunca ingresaron a las cuentas oficiales del municipio.

Como consecuencia de esas irregularidades, la Municipalidad inició un sumario administrativo, cesanteó a empleados involucrados y presentó una denuncia penal para que la Justicia determine las responsabilidades.

El caso reabrió el debate sobre la coherencia en el ejercicio del control institucional y el rol de la oposición cuando las investigaciones alcanzan a integrantes de su propio espacio político o entorno familiar.