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En medio de la investigación judicial para determinar si los incendios forestales registrados este mes en Cafayate fueron intencionales, la Municipalidad tomó una decisión contundente: las tierras alcanzadas por el fuego no podrán destinarse a nuevos desarrollos inmobiliarios.
A través de la Resolución Municipal Nº 179/26, firmada el pasado 24 de junio, la intendenta Rita Guevara dispuso la prohibición de autorizar loteos, urbanizaciones, emprendimientos inmobiliarios o cualquier modificación del uso del suelo en las superficies afectadas por el incendio.
La medida tiene como objetivo impedir que un eventual delito ambiental pueda transformarse en un beneficio económico mediante proyectos inmobiliarios sobre terrenos degradados por el fuego, uno de los principales principios establecidos por la Ley Nacional de Manejo del Fuego.
La resolución instruye a todas las áreas municipales vinculadas al planeamiento urbano, catastro, ambiente, obras públicas y habilitaciones a abstenerse de otorgar permisos, factibilidades, subdivisiones, loteos, urbanizaciones o cambios de uso del suelo en las zonas afectadas.
Además, se dispuso la creación de un Registro Municipal de Áreas Afectadas por Incendios Forestales para identificar y resguardar las superficies dañadas, y se solicitó a organismos provinciales y nacionales la delimitación técnica y georreferenciación de las áreas alcanzadas por el siniestro.
En los fundamentos de la resolución, la intendenta sostuvo que la protección de los bosques nativos constituye una política pública prioritaria por su valor ambiental, paisajístico, cultural, turístico y económico para Cafayate.
También recordó que la Constitución Nacional garantiza el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano e impone a las autoridades el deber de preservar el patrimonio natural.
La decisión adquiere especial relevancia porque se produce mientras la Justicia analiza las causas del incendio y evalúa distintas hipótesis sobre su origen.
Con esta medida, el municipio busca enviar una señal clara: las áreas afectadas deberán recuperarse ambientalmente y no podrán convertirse en objeto de especulación inmobiliaria mientras se mantengan las restricciones legales.
De esta manera, Cafayate no solo acompaña la investigación judicial, sino que también fortalece una política de prevención destinada a garantizar que cualquier atentado contra el patrimonio natural encuentre una respuesta concreta del Estado y que la restauración ambiental prevalezca sobre cualquier interés económico.
