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Las explicaciones públicas de Manuel Adorni sobre el crecimiento de su patrimonio no terminaron de despejar las dudas en los tribunales federales. Por el contrario, según trascendió en las últimas horas, la Justicia considera que las nuevas presentaciones realizadas por el funcionario abrieron más interrogantes sobre el origen de parte de sus bienes.
El foco está puesto en los 513.000 dólares que el actual jefe de Gabinete declaró como resultado de la venta de activos virtuales, una cifra que, según sostuvo públicamente, provino de inversiones realizadas años atrás junto a su esposa en criptomonedas.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, existen al menos tres puntos que buscan esclarecerse.
El primero tiene que ver con el origen de los 200.000 dólares que, según explicó Adorni, utilizó inicialmente para invertir en criptomonedas entre 2014 y 2018.
Los investigadores pretenden reconstruir la trazabilidad de esos fondos y determinar si existe documentación que respalde cómo fueron obtenidos.
El segundo interrogante apunta directamente a la supuesta venta de esos activos digitales. Según trascendió, la Justicia entiende que hasta el momento no habría pruebas suficientes que acrediten que el funcionario fue efectivamente el titular de las criptomonedas que habrían generado esa ganancia.
"No alcanza con incorporar una cifra en una declaración jurada; debe existir documentación respaldatoria", señalaron fuentes judiciales.
Otro de los aspectos bajo análisis es la forma en que fueron declaradas esas operaciones.
Los investigadores buscan establecer si los montos informados guardan relación con la cantidad de bitcoins y otros criptoactivos declarados por Adorni, ya que algunos cálculos preliminares habrían detectado diferencias entre los valores consignados y las cotizaciones correspondientes.
Por ese motivo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabaja sobre la evolución patrimonial del funcionario y de su esposa para determinar si existen inconsistencias entre ingresos, inversiones y bienes declarados.
El fiscal federal Gerardo Pollicita ya ordenó nuevas medidas para profundizar el análisis patrimonial.
Entre ellas, solicitó información a distintos organismos oficiales para reconstruir la actividad laboral y los ingresos históricos del matrimonio, con el objetivo de establecer si el patrimonio declarado puede justificarse con sus antecedentes económicos.
Mientras tanto, en los tribunales sostienen que las rectificaciones presentadas por Adorni permitieron incorporar nuevos datos, aunque todavía restan explicaciones para despejar todas las dudas.
Por ahora, la investigación continúa abierta y será la propia Justicia la que determine si las inconsistencias detectadas tienen una explicación válida o derivan en nuevas imputaciones.
