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La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y actual diputado de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, sumó un nuevo requerimiento de carácter oficial. El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó formalmente ante la Oficina Anticorrupción (OA) la entrega de la última declaración jurada presentada por el legislador.
La medida busca reconstruir de forma cronológica la evolución patrimonial de Adorni desde su desembarco en la función pública y determinar si existen inconsistencias severas entre sus ingresos legítimos y los bienes declarados. La denuncia inicial que dio origen a este expediente en los tribunales de Comodoro Py fue radicada por la diputada Marcela Pagano, tras el ingreso del funcionario a las filas del Estado nacional.
En medio del avance de la causa, Francisco Adorni presentó una nueva rectificación de su documentación patrimonial ante la OA. En esta última corrección, el legislador bonaerense informó que el 50% de la valuación de su vivienda particular, ubicada en la localidad de City Bell, asciende a $52,6 millones, corrigiendo a la baja los $67,5 millones que había consignado en una presentación realizada el pasado mes de mayo. Además, el imputado incorporó al detalle cinco cajas de ahorro bancarias que contienen un saldo total de $2 millones.
El juez federal Sebastián Casanello, a cargo del juzgado donde tramita la causa, avaló previamente una serie de medidas coercitivas e informativas clave sugeridas por la fiscalía de Marijuan para esclarecer el período iniciado en diciembre de 2023:
Procedimiento oficial: Semanas atrás se recolectó documentación en el Ministerio de Defensa vinculada a los cargos, designaciones e historiales salariales de Adorni.
Levantamiento de secretos: La Justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del dirigente para analizar de forma directa sus movimientos financieros.
Pedidos de informes masivos: Se libraron requerimientos a más de 30 organismos públicos, entre los que destacan la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), AGIP, ARBA y el Banco Central, solicitando datos de cuentas, tarjetas, plazos fijos y bienes registrables.
Control de fronteras: Se solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones el detalle de los viajes realizados al exterior por el funcionario, sus destinos y las identidades de sus acompañantes terrestres.
La lupa de los investigadores se posa principalmente sobre los constantes cambios de números que Adorni introdujo respecto de sus declaraciones originales de 2025. En la rectificación efectuada en mayo, el actual diputado provincial había añadido el ingreso de una herencia familiar por un total de $21 millones y modificado drásticamente el estado de sus pasivos.
En un principio, el funcionario había declarado una deuda hipotecaria inicial de $130 millones y un saldo de cierre de $57 millones, lo que reflejaba un desendeudamiento de $73 millones. Sin embargo, en la posterior corrección asentó que la deuda inicial era en realidad de $45 millones y la final de $57 millones; de este modo, el desendeudamiento desapareció del balance y pasó a registrarse un incremento de sus obligaciones por $12 millones. Dicha presentación cerró con un patrimonio total de $102,7 millones frente a los $62,3 millones del inicio del período.
Antes de asumir su banca en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires tras encabezar la lista de la Octava Sección Electoral, Francisco Adorni se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y, posteriormente, en junio de 2025, asumió la conducción del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Desde los tribunales federales aclararon que este expediente se tramita de manera completamente independiente de la causa penal que investiga a su hermano, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.
