Exeni pidió más controles sobre las casas del IPV y planteó recuperar las viviendas mal utilizadas

El diputado provincial Omar Exeni volvió a poner sobre la mesa el debate por el destino de las viviendas adjudicadas por el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) y reclamó mayores controles para garantizar que las casas lleguen y permanezcan en manos de las familias que realmente las necesitan.

El legislador sostuvo que las viviendas construidas con fondos públicos deben cumplir el objetivo social para el que fueron creadas y no convertirse en herramientas de especulación, abandono o utilización indebida.

“Las casas del IPV son para las familias, no para hacer negocios”, expresó Exeni al referirse a la necesidad de supervisar el uso que se les da a las unidades habitacionales una vez adjudicadas.

Entre sus principales planteos, propuso avanzar en la recuperación de aquellas viviendas que se encuentren deshabitadas o que estén siendo utilizadas para fines distintos a los establecidos por la normativa vigente. Según señaló, mientras miles de familias continúan esperando acceder a una casa propia, resulta fundamental garantizar que cada adjudicación cumpla con su finalidad.

Además, pidió reforzar los mecanismos de control y avanzar hacia una mayor transparencia en la administración de los programas habitacionales, permitiendo que la ciudadanía pueda acceder a información sobre la situación de las viviendas entregadas.

Exeni remarcó que el acceso a una vivienda digna constituye un derecho fundamental y sostuvo que el Estado debe velar para que los recursos destinados a políticas habitacionales beneficien efectivamente a quienes más los necesitan.

En ese marco, consideró que los adjudicatarios que incumplan las condiciones establecidas deberían enfrentar sanciones e incluso la posibilidad de que el inmueble sea recuperado por el Estado para ser reasignado a otra familia.

La propuesta reaviva el debate sobre el control de las viviendas sociales en Salta y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización para garantizar un uso adecuado de los recursos públicos.