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Una nueva investigación periodística volvió a poner bajo la lupa al jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, luego de que se conociera que junto a su esposa, Bettina Angeletti, habría gastado más de 85 millones de pesos en tarjetas de crédito durante 2025.
Según publicó el diario La Nación, el relevamiento surge de datos oficiales del Banco Central, registros bancarios reservados y fuentes con acceso a información financiera del funcionario y su entorno familiar.
De acuerdo al informe, el matrimonio acumuló consumos por más de $85,1 millones solamente en lo que va del año, lo que representa un promedio mensual cercano a los $7,1 millones. El dato llamó la atención debido a que el salario bruto de Adorni rondaría los $3,5 millones mensuales, mientras que su esposa figuraba como monotributista.
La investigación también sostiene que desde diciembre de 2023, cuando Adorni asumió como vocero presidencial, hasta marzo de 2026, el total de gastos realizados con tarjetas VISA, Mastercard y American Express habría superado los $176 millones.
Según trascendió, todos los resúmenes eran cancelados en término y no existían registros de mora ni incumplimientos en el sistema financiero. Sin embargo, la causa ahora busca determinar si el nivel de gastos se corresponde con los ingresos declarados oficialmente.
Entre los movimientos detectados aparecen pagos millonarios en distintos períodos. Por ejemplo, en agosto de 2024 habrían abonado $7,5 millones en tarjetas, mientras que en octubre de 2025 el monto habría escalado hasta los $9,7 millones.
Además, el informe menciona gastos fijos elevados, como expensas en un country privado por alrededor de $700 mil mensuales y cuotas escolares cercanas a los $800 mil por mes.
Otro de los puntos que analiza la investigación es la evolución de los consumos dentro del matrimonio. Mientras los gastos personales de Adorni habrían disminuido en algunos períodos, los de su esposa crecieron de manera sostenida.
Con el levantamiento del secreto bancario y fiscal, la causa ahora avanza sobre la reconstrucción completa del patrimonio y los movimientos financieros del funcionario para determinar si existen inconsistencias económicas relevantes.
