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El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) impuso una multa de 80 millones de pesos al fideicomiso "Urbanización Vía Aurelia", operado por el grupo MDay, debido a crónicas y graves irregularidades en el tratamiento de efluentes domiciliarios y el consecuente efecto contaminante generado en la zona. La sanción económica equivale al 10% del monto máximo que el organismo regulatorio puede aplicar, y se dispuso que los fondos recaudados sean destinados de manera exclusiva a acciones de saneamiento del cuerpo de agua afectado y a la implementación de políticas de educación ambiental.
La resolución se adoptó luego de un extenso proceso que incluyó la apertura de un sumario sancionatorio, la realización de una audiencia conciliatoria y el dictado previo de medidas cautelares tendientes a mitigar la polución. Las autoridades comprobaron la instalación precaria de una planta de tratamiento que no se encuentra adaptada a las necesidades reales de los 1.800 lotes que componen las dos etapas del barrio. Asimismo, se constató que la firma responsable había sido intimada meses atrás para presentar un nuevo plan de digestión de líquidos cloacales, obligación que no cumplió de manera eficiente.
De forma solidaria, la sanción alcanzó a la empresa Industrias Clark SRL, firma que había sido contratada ilegalmente en el año 2022 para procesar los efluentes en el loteo. A raíz de esta resolución, la contratista quedó formalmente inhabilitada y pesa sobre ella una prohibición expresa de continuar operando en Vía Aurelia. El Ente Regulador remarcó que ambos sancionados carecen de título habilitante para prestar el servicio de saneamiento en el barrio y que tampoco contaban con la autorización de la Secretaría de Recursos Hídricos para efectuar vuelcos en la cuenca.
El respaldo técnico de la penalización se basó en análisis físico-químicos que ratificaron el vuelco posterior de crudo cloacal directamente al Río Arenales. La situación ambiental de este cauce se mantiene judicializada desde hace más de 17 años mediante un amparo, un escenario en el que también interviene actualmente el área ambiental de la Procuración General ante la eventual incursión en un delito penal.
Según los antecedentes del caso, el barrio Vía Aurelia arrastra estas condiciones deficientes desde hace aproximadamente cuatro años. En dicho período, la Municipalidad de Salta ya le había revocado el certificado de aptitud ambiental y prohibido taxativamente la metodología de vuelco de desechos al Río Arenales. En los últimos días, la problemática escaló con la proliferación de denuncias de los vecinos por olores nauseabundos en el lugar y la presentación de pedidos de informes en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta.
Atendiendo al reclamo habitacional, el organismo de control también dispuso medidas urgentes para garantizar que los residentes y los propietarios de los lotes reciban información adecuada y veraz sobre el estado del predio. En sus conclusiones, el Ente advirtió de manera categórica que, más allá de la operación deficiente del sistema depurador, la Urbanización Vía Aurelia comprometió bienes colectivos de máxima relevancia constitucional, tales como la salud pública, la calidad ambiental y la seguridad sanitaria tanto de los usuarios del barrio como de terceros potencialmente afectados.
