Una fuerte polémica se desató en Salta luego de que convencionales de La Libertad Avanza impulsaran una modificación en la Carta Orgánica municipal que podría afectar de lleno al turismo en la capital.
La iniciativa apunta a reformar el artículo 91, estableciendo que el rol del Estado municipal en la actividad turística sea “complementario y excepcional”, limitando su intervención frente al sector privado. En la práctica, esto implicaría una fuerte reducción en la inversión pública destinada a promoción, desarrollo y sostenimiento del turismo.
La medida generó alarma inmediata, especialmente porque se da en un contexto complejo para el sector, marcado por la caída del consumo y la pérdida de competitividad que ya impactan en la economía local.
Desde la Cámara de Turismo de Salta, el rechazo fue contundente. Su presidente, Facundo Assaf, cuestionó la falta de diálogo previo: “Resulta sorprendente la nula participación que le dieron al sector privado; nadie nos llamó ni nos consultó”, expresó.
Uno de los principales temores es que esta modificación deje al turismo librado exclusivamente a las reglas del mercado, sin el respaldo estatal que históricamente permitió sostener miles de puestos de trabajo.
En ese sentido, referentes del sector advirtieron que pensar que la actividad puede desarrollarse solo con esfuerzo privado “es no entender conceptos básicos” del funcionamiento turístico.
Además, la normativa pondría en riesgo herramientas clave como las oficinas de información turística, el observatorio económico, capacitaciones laborales y campañas de promoción en ferias nacionales e internacionales.
También podrían verse afectados productos emblemáticos de la ciudad, como las peñas, el turismo religioso y grandes eventos, así como proyectos de infraestructura, señalética y desarrollo urbano vinculados a la actividad.
Ante este escenario, el sector turístico se mantiene en estado de alerta y advierte que la decisión podría debilitar uno de los pilares más importantes de la economía salteña, tanto por su impacto en la producción como en el empleo.
La discusión recién comienza, pero ya genera tensión política y preocupación en uno de los motores clave de la provincia.
