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El caso de Pablo Rangeón vuelve a quedar en el centro de la escena tras nuevas denuncias que generan preocupación. El productor de modas, condenado por abuso sexual, estaría continuando con el acoso hacia sus víctimas desde la cárcel, donde cumple una pena de siete años en la Unidad Penitenciaria N°5.
La situación fue expuesta por Sabrina Geréz, la primera mujer en denunciar públicamente al acusado, quien aseguró que el hostigamiento no se detuvo pese a la condena. Según relató, el acoso se produce a través de redes sociales, mediante perfiles que, aunque no llevan su nombre, pueden ser identificados por su forma de comunicarse.
En ese sentido, explicó que el condenado habría creado cuentas en distintas plataformas donde, además de enviar señales directas, también interactúa en espacios donde se defienden a personas acusadas de delitos similares. Para la denunciante, no se trata de terceros, sino del propio Rangeón. “Me doy cuenta que es él por las palabras que usa y por la forma en la que se refiere a mí”, sostuvo.
Uno de los aspectos que más alarma genera es la modalidad del hostigamiento. Geréz aseguró que recibe solicitudes a cualquier hora del día, incluso durante la madrugada, que luego son eliminadas. Según explicó, este comportamiento tendría como objetivo hacerle saber que sigue presente y que mantiene acceso a dispositivos electrónicos pese a estar detenido.
Esta situación, lejos de ser un hecho aislado, tiene un fuerte impacto emocional en la víctima. La joven remarcó que no logra recuperar la tranquilidad, ya que siente que el agresor continúa ejerciendo una forma de control, aunque sea de manera virtual.
Además, la denunciante se refirió al proceso judicial que atravesó, señalando que fue largo y desgastante. “Denunciar nunca va a estar mal, pero es un camino pesado y revictimizante”, expresó, al tiempo que remarcó la necesidad de mayor acompañamiento institucional para quienes deciden dar ese paso.
El caso vuelve a poner el foco en un punto sensible: el control dentro del sistema penitenciario. Las denuncias abren interrogantes sobre el posible acceso a dispositivos electrónicos en contextos de encierro y la efectividad de las medidas para evitar que condenados por delitos graves mantengan contacto con sus víctimas.
Mientras tanto, la investigación podría avanzar para determinar si existieron irregularidades y qué responsabilidades corresponden. El episodio reaviva el debate sobre la protección de las víctimas y las condiciones de cumplimiento de las condenas.
