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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la escena judicial tras conocerse detalles de un viaje familiar a Aruba que forma parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La información fue incorporada a la causa que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita, donde se analiza el origen de los fondos y la evolución patrimonial del funcionario.
Según consta en el expediente, Adorni y su familia gastaron USD 8.874 en efectivo para alojarse en Aruba entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.
La estadía incluyó dos hoteles:
El pago se habría realizado en efectivo a través de una agencia de viajes de la ciudad de Buenos Aires, donde una persona se presentó personalmente para abonar el monto.
Además, se suman USD 5.800 en pasajes aéreos adquiridos en LATAM Airlines, lo que eleva el costo total del viaje a USD 14.696.
Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que no se registraron consumos con tarjetas de crédito durante la estadía, lo que abre la posibilidad de que otros gastos también hayan sido realizados en efectivo.
La causa, que también está bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, ya incluyó medidas clave como el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.
El objetivo es reconstruir sus movimientos financieros y determinar si el nivel de gastos es compatible con sus ingresos declarados.
En ese marco, se analizan:
Además, se solicitaron datos a entidades financieras como el Banco Galicia para profundizar la investigación.
El expediente también incluye la compra de un departamento en Caballito por USD 230.000, de los cuales USD 30.000 habrían sido abonados en efectivo.
Un testigo declaró que aún se adeudan USD 65.000 por refacciones realizadas en el inmueble, monto que habría sido acordado “por fuera” de la operación formal.
El viaje a Aruba se produjo cuando Adorni se desempeñaba como vocero presidencial de Javier Milei, con un salario cercano a los 3 millones de pesos mensuales.
La Justicia busca determinar si existe coherencia entre sus ingresos formales y su nivel de gastos, mientras continúa recolectando pruebas sobre otros viajes y movimientos financieros del funcionario.
El caso sigue en plena investigación y suma nuevos elementos que podrían ser clave para definir la situación judicial del jefe de Gabinete.
