La empresa estatal YPF quedó en el centro de la polémica tras aprobar un nuevo esquema de remuneraciones para su directorio, que prevé ingresos promedio cercanos a los 954.000 dólares anuales para cada integrante durante 2026.
La controversia no solo gira en torno a las cifras, sino también por los nombres que integran la cúpula. Entre ellos se encuentra el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien ocupa un lugar dentro del directorio como representante del Gobierno nacional.
El nombramiento se da en un contexto de ajuste fiscal impulsado por la gestión de Javier Milei, lo que reavivó cuestionamientos sobre la ética, la transparencia y la compatibilidad de funciones en cargos de alta jerarquía.
Desde la estructura de la compañía explican que estos lugares están reservados para representantes del Ejecutivo, donde también figuran otros funcionarios como Guillermo Francos y Lisandro Catalán.
En el caso de Adorni, trascendió que decidió no percibir la remuneración mientras continúe en funciones dentro del Gobierno, aunque la discusión pública se mantiene por la doble función y el rol que cumplen estos cargos.
Según el informe oficial presentado el pasado 8 de abril, los salarios del directorio registran un incremento del 60% en dólares respecto de la gestión anterior. En detalle, los directores titulares percibirán cerca de US$ 954.000 anuales, mientras que los cargos ejecutivos pueden superar el millón de dólares, y otros puestos parten desde los US$ 500.000.
Otro de los puntos que genera debate es la dedicación requerida para estos cargos, ya que el rol de los directores implica principalmente reuniones periódicas para definir lineamientos estratégicos, con una carga estimada de pocas horas mensuales.
Desde YPF sostienen que las remuneraciones están alineadas con estándares del mercado energético internacional, buscando mantener competitividad en un sector altamente especializado.
Sin embargo, en el plano político y social, el contraste con la situación económica del país profundizó las críticas. El eje de la discusión quedó planteado: si estos cargos responden a una necesidad técnica dentro de la empresa o si forman parte de una práctica habitual para garantizar posiciones de alto ingreso dentro del Estado.
