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La causa por la presunta emisión irregular de certificados médicos en la clínica Cruz Azul sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que la defensa de la principal acusada saliera a cuestionar la investigación y a señalar que podría haber más personas involucradas.
La mujer, que permanece detenida, está imputada por más de 3.400 casos de certificados o aptos físicos presuntamente irregulares, utilizados principalmente para la obtención del carnet de conducir. Sin embargo, su abogado, José Ortín, aseguró que su defendida “no era la única” que tenía acceso al sistema con el que se emitían estos documentos.
Según explicó, la clave utilizada para cargar los certificados estaba a nombre de la imputada, pero era compartida por al menos cinco personas dentro de la clínica, lo que abre interrogantes sobre la responsabilidad real en el caso. “No significa que no la tuvieran otras personas”, remarcó el letrado.
Además, la defensa puso en duda la consistencia de la auditoría interna realizada por la institución. De acuerdo con lo planteado, los números no cierran: mientras que inicialmente se hablaba de unos ocho casos mensuales, el total de certificados detectados implicaría un promedio cercano a 10 casos diarios, lo que evidencia posibles irregularidades aún no esclarecidas.
Otro dato que genera sospechas es que, incluso después de la desvinculación de la mujer en diciembre pasado, se habrían detectado nuevos casos de certificados irregulares. “Dos semanas después siguieron existiendo situaciones irregulares, cuando ella ya no trabajaba”, sostuvo Ortín.
En paralelo, la defensa también planteó dudas sobre el destino del dinero generado por estas operaciones. Según los cálculos, si cada certificado tenía un costo aproximado de $100.000, el monto total superaría los 350 millones de pesos. Sin embargo, el análisis de las cuentas bancarias de la acusada no reflejaría ingresos compatibles con esa cifra.
Por otra parte, el abogado denunció que su clienta habría sido víctima de situaciones de acoso o abuso laboral, lo que habría generado conflictos internos antes de su salida de la clínica. Incluso, presentó una carta en la que la mujer manifestaba estar deprimida tras un despido que consideraba injusto.
Mientras tanto, la defensa solicitó el beneficio de arresto domiciliario, argumentando que la imputada cuenta con un certificado de discapacidad y que habría sufrido varios ataques de epilepsia durante su detención.
La causa continúa en etapa de investigación y no se descarta que se amplíen las imputaciones. Desde la defensa ya anticiparon que pedirán que se cite a declarar a directivos, médicos y otros empleados de la clínica para determinar con precisión responsabilidades.
