La muerte de Ángel, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, dio un giro clave en las últimas horas luego de que se ordenara la detención de su madre, Mariela Beatriz Altamirano, y de su pareja, Maicol González, en el marco de una causa que investiga un presunto homicidio agravado.
El pedido fue impulsado por el padre del menor, Luis Armando López, a través de su abogado, quien amplió la denuncia inicial al considerar que existen elementos suficientes para sospechar de ambos imputados en la muerte del niño.
Según la querella, no se trataría de un hecho aislado, sino de una serie de conductas previas que habrían derivado en el fallecimiento de Ángel. En ese sentido, la acusación apunta a un homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.
Uno de los ejes centrales de la investigación es la posible omisión de la madre, a quien señalan por haber tenido conocimiento de situaciones de violencia ejercidas por su pareja sobre el menor y no haber intervenido. Además, sostienen que habría contribuido a un desamparo sanitario, que agravó el estado del niño.
En paralelo, la causa también puso bajo análisis el accionar de funcionarios judiciales, ante la sospecha de un posible incumplimiento de deberes, ya que habrían existido denuncias previas realizadas por el padre que no habrían sido atendidas.
En medio de la investigación, se conoció un audio clave de la madre, grabado horas antes de la muerte, que podría aportar elementos determinantes. En la grabación, la mujer relata la desesperación del momento: “Salimos a la madrugada porque el bebé se nos moría en los brazos y no salió ningún vecino”.
En otro tramo, asegura que el niño “se desmayó durmiendo” y que intentó asistirlo realizando maniobras de RCP, mientras pedía ayuda. También cuestionó la atención recibida, afirmando que el personal que intervino “no sabía hacer RCP”.
Mientras avanza la investigación, el caso genera una fuerte conmoción social y pone el foco en la posible existencia de violencia intrafamiliar, fallas en los sistemas de protección y responsabilidades compartidas en un hecho que terminó en tragedia.
La Fiscalía deberá ahora determinar el grado de responsabilidad de los detenidos y avanzar en el proceso judicial para esclarecer qué ocurrió en las horas previas a la muerte de Ángel.
