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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una fuerte polémica tras conocerse que ubicó a integrantes de su círculo íntimo en puestos estratégicos del Correo Argentino, con sueldos millonarios que generan controversia política.
Según trascendió, los funcionarios designados perciben salarios cercanos a los 6 millones de pesos, cifras que en algunos casos superan incluso el ingreso del presidente Javier Milei.
Entre los nombres señalados aparece Aimé Ayelén Vázquez, considerada parte del núcleo de confianza de Adorni, quien asumió funciones en el directorio del Correo. También fueron incorporados Federico Sicilia e Ian Lionel Vignale, este último cuestionado por acumular cargos dentro del Estado.
A su vez, el abogado Pablo Leandro Ciocchini fue mencionado por desempeñar funciones en distintos organismos de manera simultánea, lo que volvió a encender el debate sobre la transparencia en la administración pública.
Las designaciones no solo implican altos salarios, sino también el control de sectores estratégicos del Estado. En paralelo, varios de los funcionarios mantienen vínculos personales y políticos con Adorni, lo que alimenta las críticas por posibles favoritismos.
Además, algunos casos presentan superposición de cargos, lo que incrementó el cuestionamiento sobre la legalidad y la ética pública.
El escándalo se da en un contexto aún más sensible: la Justicia avanza con una investigación sobre el patrimonio de Adorni. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó información sobre sus bienes, movimientos migratorios y operaciones inmobiliarias para determinar si existe coherencia con sus ingresos declarados.
Uno de los puntos bajo análisis es la compra de una propiedad en Caballito, que habría sido adquirida por debajo del valor de mercado.
Hasta el momento, desde el Gobierno evitaron dar explicaciones públicas sobre los nombramientos y los niveles salariales, lo que profundizó la polémica.
El caso reaviva el debate sobre el discurso de ajuste y austeridad, en contraste con los sueldos millonarios y las designaciones de funcionarios cercanos en organismos clave del Estado.
Mientras tanto, la controversia sigue escalando y suma presión política en un escenario marcado por la tensión y los cuestionamientos a la transparencia de la gestión.
