La situación judicial de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo y crece la polémica. La Justicia investiga entre 15 y 19 viajes al exterior realizados por el jefe de Gabinete desde que asumió como funcionario, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, por delegación del juez Ariel Lijo, y se inició tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
Según datos de la Dirección de Migraciones, el listado incluye entre 15 y 19 viajes (ida y vuelta) desde 2023 hasta la actualidad.
Sin embargo, uno de los puntos clave de la investigación es que muchos de esos viajes no tienen detallado el destino final, lo que abre interrogantes sobre los recorridos reales y los costos.
Entre las dudas que analiza la fiscalía aparecen posibles viajes al Caribe, Estados Unidos y otros destinos que no figuran claramente en los registros oficiales.
El caso tomó fuerza a partir de un vuelo en jet privado a Punta del Este, realizado durante el último Carnaval. Ese traslado, cuyo costo superaría los 4.800 dólares, fue uno de los primeros elementos incorporados al expediente. A partir de allí, la Justicia comenzó a profundizar en los movimientos del funcionario y su entorno.
La pesquisa no solo apunta a los viajes, sino también a los movimientos financieros de Adorni y su familia. El objetivo es determinar si los gastos detectados son compatibles con los ingresos declarados ante los organismos de control. En ese marco, también se analizan viajes realizados por su esposa y otros gastos vinculados al entorno familiar.
Durante esta semana, el fiscal avanzará con nuevas medidas de prueba para reconstruir con mayor precisión los destinos, fechas y costos de los viajes. El foco estará puesto en completar la información faltante y esclarecer si hubo gastos que no pueden justificarse.
El caso genera cada vez más impacto político y mediático. Mientras la investigación avanza, se espera que en los próximos días surjan nuevos datos que podrían complicar aún más la situación del jefe de Gabinete.
La clave ahora pasa por una pregunta central: si el nivel de gastos detectado coincide —o no— con los ingresos declarados.
