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Un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores de La Libertad Avanza quedó en el centro de la polémica tras conocerse que accedieron a créditos hipotecarios de hasta 350 mil dólares en el Banco Nación. La información surge de la Central de Deudores del Banco Central y fue difundida por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, que monitorea la evolución de deudas de personas políticamente expuestas.
Entre los casos más destacados aparecen integrantes del equipo económico. Juan Pedro Inchauspe, director del BCRA, recibió un crédito de $510 millones en diciembre pasado, mientras que Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo, obtuvo $373 millones en febrero de 2025. Ambos montos equivalen a unos 350 mil dólares al momento de su adjudicación.
También figura el actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un crédito de $367 millones (unos 276 mil dólares), y Emiliano Mongilardi, director de YPF, quien accedió a $302 millones. En la lista aparece además Juan Pablo Carreira, conocido en redes como “Juan Doe”, con un préstamo cercano a los 77 mil dólares.
Legisladores oficialistas en la lista
La nómina incluye también a varios diputados nacionales de La Libertad Avanza. Entre ellos, Mariano Campero (Tucumán) con un crédito equivalente a 243 mil dólares; Santiago Santurio (Buenos Aires), con unos 239 mil dólares; y Lorena Villaverde (Río Negro), con alrededor de 218 mil dólares.
Más atrás aparecen Alejandro Bongiovanni (Santa Fe), con unos 176 mil dólares, y los legisladores María Frías (Chubut) y Alejandro Carrancio (Buenos Aires), ambos con créditos cercanos a los 145 mil dólares.
La respuesta del Banco Nación
Desde el Banco Nación, presidido por Darío Wasserman, aseguraron que todos los créditos fueron otorgados bajo los mismos criterios que se aplican al resto de los solicitantes. Según indicaron, no hubo excepciones y todos los beneficiarios cumplieron con los requisitos de scoring crediticio, ingresos y condiciones exigidas por la entidad.
Además, explicaron que el banco concentra cerca del 90% de los créditos hipotecarios otorgados en el país, en parte porque administra las cuentas sueldo de empleados estatales, lo que facilita el acceso al financiamiento.
Reclamos y pedido de informes
Desde la oposición, sin embargo, se encendieron las alarmas y ya se presentó un pedido formal de explicaciones. El diputado Esteban Paulón solicitó información para determinar si existieron criterios de privilegio o falta de transparencia en el otorgamiento de estos préstamos.
El legislador también pidió que se investigue si hubo controles de la SIGEN sobre posibles conflictos de interés y si el Banco Central detectó algún exceso en la asistencia crediticia a funcionarios o personas políticamente expuestas.
El caso abre un nuevo frente de tensión política y pone en debate el acceso al crédito en el principal banco público del país, en medio de cuestionamientos por la equidad y la transparencia en el sistema.
