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La Justicia volvió a poner un freno al Gobierno nacional y le ordenó cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, en medio del conflicto con docentes y estudiantes.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Ejecutivo y confirmó la medida cautelar que obliga a aplicar la norma de forma inmediata.
El fallo exige que el Gobierno cumpla con puntos clave de la ley, entre ellos:
Estos puntos abarcan el período desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en 2025.
Los jueces también cuestionaron los argumentos del Ejecutivo, al considerar que eran “poco serios” al intentar frenar la medida.
Además, remarcaron que el impacto fiscal de aplicar la ley es bajo y que lo que está en juego es un derecho fundamental como el acceso a la educación pública.
La causa se originó tras una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a más de 40 universidades, que denunciaron el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno.
El conflicto escaló en los últimos meses con marchas, paros y protestas en todo el país, en reclamo por mayor presupuesto y recomposición salarial.
Incluso, desde el sector académico advierten que los salarios docentes quedaron por debajo de la canasta básica y denuncian falta de transferencia de fondos.
A pesar del fallo, desde el Gobierno sostienen que la ley requiere definir previamente su financiamiento y que la cuestión corresponde al Congreso.
Mientras tanto, desde las universidades advierten que no cumplir con la medida podría derivar en un conflicto institucional de mayor gravedad.
La decisión judicial llega en un contexto de alta tensión entre el Gobierno y el sistema universitario, con protestas que incluyen clases públicas, movilizaciones y reclamos en distintos puntos del país.
