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El escándalo por el casamiento realizado en un área protegida de Cafayate sigue creciendo y ahora suma un capítulo clave: las críticas de la fiscal penal Sandra Rojas, quien investiga una presunta falsificación de documentos para habilitar el evento.
Rojas fue contundente al analizar el permiso presentado por los organizadores. Según explicó, el documento “carece de validez administrativa” y presenta irregularidades evidentes en su confección.
Entre las anomalías detectadas, mencionó errores formales, inconsistencias en el formato y hasta una firma que, según indicó, habría sido “cortada y pegada”, lo que refuerza la hipótesis de falsificación.
Además, advirtió que el escrito no se ajusta a los procedimientos habituales de la administración pública, lo que también generó sospechas sobre su origen.
En ese contexto, la fiscal puso el foco en cómo se manejaron los controles previos y posteriores al evento, dejando entrever cuestionamientos al área de Ambiente.
La investigación se inició justamente a partir de una denuncia del propio organismo, pero Rojas remarcó que el documento presentado nunca debió ser considerado válido, lo que abre interrogantes sobre los mecanismos de verificación.
Mientras tanto, desde la Secretaría de Ambiente ya habían negado haber autorizado la boda y confirmaron que el permiso es falso, lo que derivó en la denuncia penal.
La fiscal explicó que la investigación avanza en dos líneas:
En ese sentido, advirtió que las penas por este tipo de delitos pueden ir de uno a seis años de prisión, además de multas importantes por el daño ambiental que se pudo haber generado.
El caso ya generó repercusiones políticas y sociales, mientras se intenta determinar quién confeccionó el documento, cómo fue utilizado y si hubo fallas en los controles estatales.
La causa sigue avanzando y no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días.
