PUE!El secretario de Ambiente de Salta aseguró que la autorización presentada para la boda en la Quebrada de las Conchas era apócrifa. Ya hay una denuncia penal y podrían aplicar sanciones fuertes.
El escándalo por el casamiento realizado en la Quebrada de las Conchas sigue sumando capítulos y ahora suma una definición clave: el Gobierno de Salta confirmó que el permiso que circuló para autorizar el evento era falso y anticipó sanciones.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, Alejandro Aldazábal, habló sobre el tema y fue contundente. Según explicó en Informate Salta, el documento presentado no tenía membrete oficial, número de expediente ni resolución, y además la firma que figuraba a su nombre era en realidad una imagen escaneada.
De esta manera, se refuerza la hipótesis de que el evento se realizó sin autorización válida en un área natural protegida, lo que ya derivó en una denuncia penal y la apertura de un sumario administrativo.
Aldazábal aclaró que, si bien la Quebrada de las Conchas es un área protegida de usos múltiples donde pueden realizarse ciertas actividades —como producciones audiovisuales o eventos específicos—, esto solo es posible con permisos previos que permitan evaluar y minimizar el impacto ambiental.
En ese sentido, explicó que cualquier evento de este tipo genera algún nivel de impacto, aunque muchas veces sea difícil medirlo con precisión. Por eso, remarcó que la autorización no es un simple trámite, sino una herramienta clave para establecer condiciones, horarios y límites que protejan el entorno natural.
Durante el casamiento, el equipo de guardaparques de Cafayate se presentó en el lugar, pero al tratarse de una propiedad privada no pudieron ingresar. Aun así, permanecieron en la zona para intentar reducir posibles efectos fuera del predio.
Desde la Secretaría de Ambiente señalaron que los responsables del lugar y del evento debían gestionar todas las autorizaciones correspondientes, tanto a nivel provincial como municipal, algo que no habría ocurrido.
Ahora, la causa avanza por dos carriles: uno judicial, por la presunta falsificación de documento público, y otro administrativo, que podría derivar en una multa importante.
“La multa será ejemplificadora”, anticipó Aldazábal, quien remarcó que el objetivo es que este tipo de situaciones no se repitan.
