En el marco de su política de recorte del gasto público, la gestión de Javier Milei prepara una nueva fase de desvinculaciones en la administración nacional. Según trascendió, el objetivo inmediato es concretar entre 5.000 y 6.000 nuevas bajas de personal en el corto plazo.
La modalidad del ajuste
Para alcanzar la meta de reducir la planta estatal en un 10% para finales de 2026, el Gobierno implementará dos mecanismos principales:
• No renovación de contratos: Afectará a los vínculos laborales que vencen próximamente.
• Retiros voluntarios: Programas de salida incentivada que ya comenzaron a aplicarse en diversas áreas.
Esta situación ha generado un clima de fuerte incertidumbre entre los trabajadores estatales, especialmente en los organismos descentralizados, que serían el foco principal de este nuevo "tijeretazo".
Un contexto económico complejo
El anuncio de estos recortes llega en un momento de fragilidad para el mercado laboral argentino. El informe destaca tres indicadores que encienden las alarmas sociales:
1. Desempleo en alza: La tasa ya escaló al 7,5%.
2. Recaudación en caída: Lo que presiona al Gobierno a profundizar el ajuste fiscal.
3. Falta de absorción privada: El sector privado aún no muestra señales de poder incorporar a la mano de obra que queda fuera del sistema público.
La combinación de una mayor oferta de trabajadores despedidos y una demanda laboral privada estancada plantea un escenario crítico para la paz social en los próximos meses.
