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La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género Nº 1, que investiga los hechos en el marco de una relación de aproximadamente diez años que, según la denunciante, habría estado marcada por episodios de violencia.
Según la presentación judicial, el incidente más reciente habría ocurrido después de una discusión, cuando el concejal le habría propinado una fuerte patada en las piernas a la mujer. Tras ese episodio, la víctima decidió abandonar el domicilio por temor a nuevas agresiones.
Además, la denunciante relató que Casasola se presentaba de forma intimidante en las inmediaciones de su vivienda y le enviaba mensajes, lo cual la llevó a solicitar medidas de protección a la Justicia. Entre ellas, pidió una prohibición de acercamiento que incluya su domicilio y entorno familiar, y la orden de cesar todo tipo de contacto o comunicación por parte del concejal.
El caso se encuentra en etapa inicial y bajo investigación judicial, sin que por el momento se hayan conocido imputaciones formales ni decisiones adoptadas por el cuerpo legislativo municipal en relación con la situación de Casasola.
La denuncia generó repercusión política dentro del espacio de La Libertad Avanza en Salta, especialmente porque durante la campaña la también senadora nacional Emilia Orozco había presentado a Casasola como uno de los candidatos destacados del partido.
Este nuevo escándalo se suma a controversias previas que involucraron a otros legisladores libertarios en la provincia, reavivando el debate sobre la conducta de algunos representantes de ese espacio en cargos públicos.
