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La medida fue establecida a través de la Resolución Ministerial N° 111/26 y fija pautas claras para el ingreso escolar, con el objetivo de garantizar un comienzo de clases seguro y preservar la convivencia institucional.
La normativa unifica criterios de actuación y otorga a los equipos directivos la facultad de evaluar el estado de los estudiantes al momento de ingresar al establecimiento. Entre los puntos centrales se destacan:
Resguardo preventivo: los alumnos que presenten signos evidentes de alteración psicofísica o descontrol conductual serán retirados del aula y puestos a resguardo hasta la llegada de sus padres o tutores.
Prohibición de permanencia: se impedirá la permanencia de estudiantes cuyas condiciones afecten la convivencia o el normal dictado de clases.
Inasistencia injustificada: quienes no estén en condiciones de cursar recibirán una inasistencia y deberán contar con intervención posterior del Programa de Orientación Escolar.
El protocolo hace especial hincapié en el principio de corresponsabilidad entre la escuela y la familia. En ese marco, establece que los padres o tutores serán civilmente responsables por los daños que pudieran ocasionarse durante los festejos, debiendo afrontar los costos de reparación correspondientes.
Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 111/26 será considerado falta grave y podrá derivar en sanciones conforme a los Acuerdos Escolares de Convivencia de cada institución.
Desde la cartera educativa señalaron que la finalidad es promover celebraciones responsables que preserven la vida y la salud de los estudiantes, sin vulnerar el derecho a la educación del resto de la comunidad. Con este marco legal, la Provincia busca ordenar el UPD y garantizar un clima de respeto en el inicio del ciclo lectivo.
