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La crisis de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo sumó un capítulo fuerte: Galeno ART dejó de operar y avanza hacia su disolución, con un saldo de 470 trabajadores que quedaron sin empleo.
La decisión fue oficializada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que detectó un déficit de capital superior a los $12.900 millones. La empresa pertenece al grupo que encabeza Julio Fraomeni, quien ya había intentado vender la ART sin éxito y finalmente optó por no seguir inyectando fondos.
Según trascendió, la firma llegó a tener casi 800 empleados en el inicio de la crisis. Parte del personal fue absorbido por otras empresas del grupo, pero hoy quedan 470 trabajadores sin destino claro y con incertidumbre sobre salarios e indemnizaciones.
Un sistema al límite
El caso no es aislado. El sector de ART atraviesa una crisis estructural por el crecimiento exponencial de juicios laborales.
De acuerdo a datos de la Unión de ART, en 2025 se registraron más de 134.000 juicios: un promedio de 370 por día. Más de la mitad de lo que recaudan las aseguradoras termina destinado al pago de litigios.
El problema central, según explican desde el sector, es que muchos casos que las comisiones médicas dictaminan con 0% de incapacidad luego terminan en la Justicia laboral con porcentajes mayores, lo que multiplica las indemnizaciones.
En 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, se reformó el sistema con la intención de reducir la litigiosidad. Sin embargo, gran parte de las provincias no implementaron los cuerpos médicos forenses previstos por la ley, lo que dejó abierta la puerta a miles de juicios.
¿Y el Gobierno de Milei?
Mientras el Congreso avanza con una nueva reforma laboral, el texto no incluye medidas concretas para resolver el colapso del sistema de ART.
El cierre de Galeno deja al descubierto una bomba que venía acumulándose hace años y que ahora empieza a estallar. La pregunta es si se trata de un caso aislado o del primer dominó de una cadena que puede afectar a todo el mercado asegurador.
En el medio quedan 470 familias que dependen de una indemnización y un sector que advierte que, sin cambios estructurales, el sistema puede seguir cayendo.
