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Desde el Ejecutivo sostienen que la medida de fuerza no justifica la ausencia laboral y ratificaron que quienes no cumplan funciones verán impactado el descuento en sus haberes.
El paro general sería convocado para el mismo día en que se debata la reforma laboral en Diputados, en una sesión prevista para este jueves 19 de febrero o, en caso de postergación, el miércoles 25. La protesta tendría una duración de 24 horas y, en principio, no incluiría una movilización centralizada por parte de la CGT.
A diferencia de otras huelgas, se prevé una adhesión amplia de los gremios del transporte, por lo que no habría colectivos, trenes, subtes ni taxis. Desde el Gobierno insistieron en que los trabajadores deberán “organizarse para llegar y cumplir” con sus tareas.
La advertencia oficial generó una inmediata reacción sindical. El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, rechazó la medida y sostuvo que el derecho a huelga está garantizado por la Constitución. “El paro en la administración pública va a ser total en todo el país”, afirmó, y consideró que el descuento del día representa un acto de “autoritarismo”.
Desde ATE adelantaron además su intención de movilizar frente al Congreso durante el debate parlamentario, aunque reconocieron que la falta de transporte podría dificultar la convocatoria. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, expresó que el objetivo es acompañar a los diputados que rechacen la reforma y manifestar el descontento en la calle.
Por su parte, el titular de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, sostuvo que el proyecto “quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”. En particular, cuestionó el artículo que reduce los salarios durante las licencias por enfermedad o accidente, al que calificó como una incorporación “cuestionable”.
La Casa Rosada ratificó que aplicará descuentos salariales a los empleados públicos que no trabajen durante la huelga prevista para el día en que Diputados debata la reforma laboral.
