La investigación federal por la red de trata sexual que captaba alumnas de distintos colegios secundarios tanto públicos como privados en Salta sumó en las últimas semanas elementos considerados determinantes tras nuevas pericias realizadas sobre teléfonos celulares secuestrados.
"El único avance que tuvo la causa durante enero y estos días son los resultados de las pericias realizadas sobre los teléfonos de los imputados. Algunas de las víctimas entregaron su celular. En el caso personal de la víctima que represento hicimos entrega del celular", manifestó la abogada querellante Sandra Domene.
Y añadió que "de varios de los dispositivos de los imputados surgieron elementos claves para la causa: videos, fotos, por lo que con buen tino el fiscal amplió la acusación ya que se difundió y comercializó material pornográfico".
Además, "obviamente esto confirma la primaria acusación de promoción de la prostitución y trata, en tanto, surgen mensajes, audios de estos señores si se les puede llamar así, con las víctimas", afirmó la letrada.
"Surgen mensajes donde pedían de manera insistente y desesperada que se les presentaran nuevas víctimas", agregó.
La causa tiene 33 víctimas. Actualmente hay nueve imputados: ocho como coautores del delito de trata de personas con la finalidad de promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, la minoridad y cantidad de las víctimas; por el número de intervinientes y por haberse consumado su explotación. Uno de los imputados es menor de edad y no está detenido; dos cumplen prisión preventiva bajo arresto domiciliario y el resto permanece detenido con prisión preventiva efectiva.
La primera denuncia del caso se radicó el 26 de junio del año pasado, cuando la mamá de una de las víctimas se mostró sorprendida por el celular de alta gama que tenía su hija y, al revisarlo, vio mensajes de índole sexual. Los acusados hacían pedidos sobre los aspectos físicos que supuestamente debían cumplir las adolescentes, les exigían determinado vestuario y las forzaban a ingerir "un cóctel de drogas".
La querellante sostuvo que, a diferencia de la fiscalía, considera a uno de los acusados: "C" como presunto jefe organizador de la asociación ilícita. Además, destacó que el fiscal acompañó una acusación que ella había impulsado previamente contra "S", otro imputado por abuso sexual con acceso carnal, sumando cinco hechos más en relación con otras víctimas.
Remarcó el trabajo del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Eduardo Villalba y su equipo y valoró las medidas adoptadas para proteger la identidad de las adolescentes ya que declararon en cámaras Gesell y circuito cerrado, cumpliendo la Convención sobre los Derechos del Niño y evitando que los imputados accedan a datos que puedan ponerlas en riesgo. También destacó el rol del equipo psicológico de la fiscalía en la contención de las víctimas y el acompañamiento médico.
"Muchas víctimas hablaban de enfermedades de transmisión sexual porque los imputados no se cuidaban, entonces no solo quedaban expuestas a enfermedades sino también a embarazos. Todas destacan la crueldad y perversión con la que actuaba uno de ellos, que proporcionaba drogas y se hablaba de esta situación a la que más le temían porque llegó a amenazar", sostuvo.
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