El Gobierno ratifica que no aceptará cambios al texto de la reforma laboral aprobado en el Senado pese a las tensiones por el capítulo de licencias por enfermedad. El Ejecutivo endurece la postura ante los aliados y busca que la iniciativa quede sancionada antes del cierre de las sesiones extraordinarias.
En la Casa Rosada insisten con que el objetivo es evitar que el proyecto vuelva a la Cámara alta y que pueda promulgarse antes del 1 de marzo. La mesa política de Nación aceleró el cronograma parlamentario y trabaja para convocar a un plenario de comisiones esta semana.
En Balcarce 50 reconocen que el artículo tomó mayor dimensión pública tras las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que ejemplificó el alcance del artículo al referirse a lesiones derivadas de actividades voluntarias, como jugar al fútbol. En el oficialismo admiten que generó tensiones internas y advierten que “nadie se hizo cargo” de la iniciativa.
Más allá de las diferencias, en los distintos despachos oficiales unificaron la postura sobre que no contemplarán cambios. Argumentan que la reforma no elimina la cobertura por enfermedad, sino que redefine los porcentajes y establece límites temporales, e insisten con que “la normativa actual permitió abusos en la utilización de licencias”.
El artículo -que fue incorporado en el Senado- reduce el porcentaje salarial y limita los plazos de las licencias pagas ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo. El texto aprobado establece que el trabajador percibirá el 50% de su remuneración si la enfermedad o el accidente derivó de una actividad voluntaria y consciente que implicaba riesgo, y el 75% si no queda encuadrado bajo ese tipo de conductas.
En ambos casos, la licencia contemplada es de hasta tres meses si no tiene cargas de familia y de hasta seis meses si las tuviera. La reforma elimina el pago del 100% del salario y la extensión hasta 12 meses prevista en el régimen vigente para empleados con más de cinco años de antigüedad. La modificación también introduce nuevos requisitos formales.
Plantea que las inasistencias deberán justificarse mediante certificados médicos emitidos y firmados digitalmente por profesionales habilitados, y que el empleador podrá disponer controles médicos propios. La norma prevé también la participación de una junta médica en una entidad oficial o la solicitud de un dictamen en institutos en casos particulares.
El capítulo generó resistencias en bloques aliados, que evalúan impulsar cambios en Diputados. Integrantes de las bancadas aliadas advierten que la reducción del porcentaje salarial podría afectar casos de enfermedades graves y anticipan que el artículo puede derivar en mayor judicialización.
