A poco de cumplirse doce años de la aplicación de la Ley de tolerancia 0 en nuestra provincia se conoció una propuesta de mano de tres legialadores que tiene que ver con modificar el gramaje de alcohol en sangre y que este llegue a 0,5 gramos por litro de sangre, como ocurre en otras ciudades del mundo.
La iniciativa de los legisladores Patricio Peñalba Arias, Fabio Enrique López y Héctor Raúl Vargas, propone reformar la Ley Provincial 7846, que desde 2014 establece la prohibición absoluta de conducir con alcohol en sangre.
El cambio central apunta a reemplazar el esquema actual por un sistema escalonado de sanciones. De aprobarse la norma, quienes manejen con una alcoholemia de entre 0,5 y 1 gramo por litro de sangre enfrentarían multas de 300 a 800 unidades fijas, retención de la licencia, inhabilitación de seis meses a un año y remoción del vehículo.
Para los casos que superen 1 gramo por litro, las penas serían más severas: multas de hasta 1.000 unidades fijas, inhabilitaciones de hasta dos años y mayores descuentos de puntos en el carnet.
El proyecto también prevé un agravamiento de sanciones cuando se conduzca con menores, personas que no puedan valerse por sí mismas o cuando se trate de vehículos destinados al transporte de pasajeros o de carga. En esos supuestos, las multas y los plazos de inhabilitación se duplicarían.
En los fundamentos del proyecto, los diputados argumentan que la reforma no busca desregular ni debilitar los controles, sino adecuar la normativa a un parámetro que consideran más razonable y técnicamente sustentable.
Sostienen que el límite de 0,5 gramos por litro de sangre "no es arbitrario", sino que constituye un estándar ampliamente reconocido en distintas jurisdicciones del país y del mundo. Según el texto, ese umbral permite mantener una política de tránsito responsable sin caer en extremos que, a su criterio, terminan afectando a la vida cotidiana y a determinadas actividades económicas.
"Se trata de una revisión razonable de una norma que, en su redacción actual, presenta tensiones internas y efectos que merecen ser evaluados a la luz de la experiencia acumulada desde su vigencia", plantean los autores.
El proyecto remarca que la regulación vigente, al fijar una prohibición absoluta sin distinguir niveles de alcoholemia, "ha generado situaciones que impactan negativamente" en sectores clave de la economía provincial, especialmente en el turismo, la gastronomía y la vitivinicultura.
